El justo medio

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com

Recientemente, Reinaldo Spitaletta revisó en su columna “Matar a los viejos” el impacto en la economía de la población senil, partiendo de un pronunciamiento de la directora del FMI, Cristina Lagarde, quien con gélida crudeza considera que los viejos representan un peligro para la economía mundial. La irónica epístola recorre las expresiones de varios escritores que han abordado el tema; la retadora conclusión obliga a reflexionar acerca del asunto.

Colombia jamás ha sido referente de virtuosismo político y social; por el contrario, somos ejemplo de corrupción, indolencia, discriminación y un prolongado etcétera de lacras sociales que, para ser justos, tampoco son de nuestra exclusividad. Hemos sido, sí, captadores de ejemplos buenos y malos en asuntos de gobierno, además de permitir sin reparos las oprobiosas imposiciones a nuestros gobernantes, con sus previsibles secuelas. Todos los dedos acusadores apuntan a la corrupción como la génesis de nuestros males. De haber existido honestidad y justicia social, otro gallo hubiera cantado.

Cada niña que nace tiene una esperanza de vida de 75 años; un niño, 70. Pero si nace en Japón, probablemente llegará a los 84 años; en la República Centroafricana el anhelo es celebrar el cumpleaños 50. ¿Qué influye en ello? Según la Global Burden Disease (GBD), la tríada de problemas –obesidad, conflictos y salud mental- es el mayor determinante de la esperanza de vida. Otros factores, como el tabaquismo, la alimentación inadecuada y enfermedades no transmisibles (cardíacas, principalmente) modulan el promedio de vida de cada nación.

Los direccionamientos gubernamentales inciden sustancialmente: políticas salariales, pensionales y tributarias; decisiones monetarias, tributarias y aduaneras; ordenamiento territorial y planeación urbana; recreación y fomento del deporte; acceso a educación, salud y pensiones; más otros asuntos trascendentales definen la calidad y las expectativas de vida de los ciudadanos.

El examen crítico de nuestra situación es deprimente: la pobreza multidimensional (carencia de varios elementos vitales de un listado específico) ha venido descendiendo lentamente en Colombia, según el Dane. Pero la pobreza monetaria se mantiene en un absurdo 28% (13 millones de compatriotas, aproximadamente), y el índice Gini experimenta mínimas mejoras, pero seguimos muy lejos de ser una nación justa. En las zonas rurales, el asunto es más dramático: la pobreza duplica a la de las urbes. La economía mundial pesa mucho en la interna –no somos autosuficientes en producción de alimentos, por ejemplo-, y el bajo crecimiento económico más la inflación hacen estragos en la economía hogareña, aumentando las carencias. Colombia es uno de los países más desiguales: existe una impúdica concentración de tierras, muchas improductivas; políticas tributarias regresivas para el ciudadano del común pero ventajosas para las grandes empresas mientras el pequeño empresario sufre las inclemencias de la burocracia y la corrupción estatal. La inseguridad ciudadana y la voraz codicia de los mimados sectores bancario y financiero, más otras perlas, completan un bello collar de iniquidades en un país que parece trasladado del medioevo al presente.

El resultado final, ancianos longevos abandonados a su suerte por un estado indolente, sin pensión y muchas veces desamparados por sus familias, sobrellevando enfermedades crónicas y agudas que, cuando logran atención en salud, implican el costo al que se refiere Lagarde. Por tanto, cuanto más ancianos longevos e indefensos, más costos para el sistema. La solución, indudablemente, pasa por políticas sociales incluyentes, salarios justos, inclusión en el sistema de seguridad social con protección de los derechos fundamentales, pensiones decentes y varios asuntos más. Brincarán los economicistas con sus manoseados argumentos de insuficiencia presupuestaria; a ellos les respondemos diciendo que tendremos un verdaderos estado social de derecho minimizando la corrupción (“a sus justas proporciones”, dijo Turbay Ayala), usando el presupuesto de la guerra en educación, protegiendo al pequeño empresario, generando políticas tributarias equitativas, sistemas pensionales y sanitarios controlados por el estado y un sinfín de derechos conculcados por gobiernos cómplices del gran capital, eximiéndose de sus obligaciones constitucionales.

Para tener gobiernos justos y modernos necesitamos cambiar la política tradicional, agente de nuestros graves problemas. En Colombia hay suficiente gente decente, honesta y comprometida y nos corresponde elegirla para llegar al justo medido aristotélico entre los derechos ciudadanos y las obligaciones del estado, entre el emprendimiento capitalista y el amparo estatal al ciudadano, especialmente al indefenso y excluido. Las extremas son viciosas, dice el adagio popular: por ahí no es el camino.

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