El 28 de noviembre desde las siete de la mañana, 24.930 habitantes de la ciudad de Santa Marta se quedaron sin luz. La causa de la interrupción fue un mantenimiento programado de la empresa de transmisión eléctrica, lo que impedía a Electricaribe distribuir la energía en un amplio sector de la capital del departamento del Magdalena. Si bien este mantenimiento se comunicó previamente por la empresa responsable en los diarios locales, el número de llamadas al call center de Electricaribe aumentaron en un 87%, y en las redes sociales las quejas y mensajes de molestia contra la empresa fueron tendencia.
Cinco meses atrás, exactamente el 12 de junio de 2017, un tractor conducido por un trabajador de una finca en zona rural del municipio de Chimichagua en una maniobra derribó las torres de conducción de la línea 752 afectando a 38.323 clientes de más de diez poblaciones de los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar. Electricaribe activó la operativa conformada por 76 técnicos para superar la emergencia eléctrica que por su complejidad tardó 4 días en solucionarse. Al igual que en el caso anterior, las quejas, ofensas, malestar de los usuarios y autoridades locales contra Electricaribe, desbordaron la capacidad de respuesta del personal de “atención al cliente”, quienes a pesar de explicar el motivo de la interrupción del servicio y los esfuerzos de los técnicos en reparar el daño, no lograron apaciguar a los enardecidos habitantes.
Sin olvidar que Electricaribe genera circunstancias que dan lugar a la insatisfacción de los usuarios, de hecho se encuentra intervenida por la Superservicios por problemas financieros y de calidad, es sano que el cliente tenga claro que no todas las fallas en el servicio de energía se le deben atribuir a la empresa, puesto que hay diversas razones externas que también las provocan. Tal es el caso del alumbrado público, es decir, el que reciben los habitantes en las calles y espacios públicos, donde hay fallas en el servicio y las soluciones deben recaer en los concesionarios contratados por los alcaldes municipales.
Son muy comunes los daños al interior de las viviendas, conjuntos residenciales que claramente no son atribuibles a Electricaribe, es más, se presentan fallas internas en empresas de servicios públicos como acueductos, quienes comunican a sus clientes que por fallas eléctricas han suspendido el servicio sin aclarar que el daño es por una causa interna y no de la empresa de energía. Esta desinformación crea inconformidad y el disparo de llamadas de los usuarios a las líneas de atención de Electricaribe.
Casos más delicados como el daño en las redes hechizas o transformadores recargados de los barrios eléctricamente subnormales, en los que las comunidades le exigen la reparación a Electricaribe y no a los alcaldes, muchas veces bloqueando las vías y generando alteraciones al orden público.
Se podría relacionar más casos, pero lo que se quiere resaltar es solo un llamado a la reflexión para que en materia de responsabilidad y justicia hagamos reminiscencia al antiguo precepto Romano “dar a cada uno lo suyo” y esto aplica para derechos, culpas y absoluciones. Electricaribe intervenida, por su parte, ha estado respondiendo por lo que le corresponde.