Desde que se destaca la llamada tragedia invernal, se habla de alrededor de tres millones de damnificados. ¿Sería posible cruzar los listados de perjudicados con los registros de desplazados, de víctimas de la violencia, y de las cifras de la pobreza nacional? y ¿qué evidenciaría esta operación?
Quizás una hipótesis con respecto a que la actual emergencia va más allá del aspecto ambiental e incluye múltiples factores sociales, políticos, culturales y económicos que han llevado a la pobreza a casi dos tercios de la población colombiana. Según cifras de la Consultoría para los derechos humanos y desplazamiento, las Personas Desplazadas de 1999 a 2010, ascienden a 3.631.260; sólo en Santa Marta hay alrededor de 122.553 viudas, huérfanas, despojados, sin techo, empleo y casi sin esperanza, que para sobrevivir se han ubicado en forma inhospitalaria en las laderas y rondas hidráulicas de los ríos y quebradas, en cotas no permitidas de los cerros, en fin, en zonas de alto riesgo.
Acción Social entre 1997 y 2011 registra en todo el país 3.703.854 personas y 847.657 hogares y sólo en Santa Marta, se incluyen 114.064 personas y 23.981 hogares, lo que equivale al 26% de su población. Si a esto se suman las cifras de pobreza, en nuestro país sobreviven 20 millones de pobres, alrededor del 46% y 8 millones de indigentes, es decir, el 18% de los colombianos.
Después de la expedición de la Sentencia T-025 de 2004 y de sus autos de seguimiento, al Gobierno le tocó robustecer sus acciones a favor de los desplazados; próximamente se aunará este esfuerzo, a los resultados en la aprobación de la ley de víctimas, restitución y titulación de tierras y a lo que se integre en el nuevo Plan de Desarrollo y para los fondos de reconstrucción y adaptación climática.
Se avecinan para el país, un cúmulo de gastos sociales que todavía no se han evaluado en sus dimensiones y en los que deberán participar todos los actores claves de la sociedad, pero, para los aspectos de verdad, justicia y reparación individual y colectiva de las víctimas, así como de la reconstrucción y adaptación climática de las regiones y atención humanitaria de los afectados por este cruento invierno, se podría decir que no hay presupuesto que aguante.
La sociedad en su conjunto, ante este estado caótico de emergencia y de apuesta por recuperar la dignidad de las víctimas de la violencia y de los damnificados de la ola invernal o de la cresta de la debacle social en un país de largas décadas de conflicto social y político, debería pedir que se decidiera renegociar la deuda externa colombiana, buscando la condonación parcial de la misma y a su vez, también, formalizar un fondo común en el que todas aporten, con los dientes de un posible impuesto coyuntural al patrimonio, o producto de llegar a un acuerdo de aumento del porcentaje de las regalías de la explotación de nuestros recursos naturales y servicios públicos por parte de transnacionales con presencia en el territorio colombiano, y quién sabe si hasta acudir a las reservas internacionales, condicionando lo anterior a que se invirtieran estos recursos de responsabilidad social empresarial y esa porción del servicio de la deuda en la justicia transicional, la atención a las víctimas de la violencia y la restitución de los derechos de los damnificados.
Para superar estos desafíos, con voluntad política, transparencia, disciplina fiscal, controles sociales y consenso, este cumulo de apoyos y de nuevos recursos presupuestales, permitirían que se plantearan por fin el conjunto de reformas necesarias para fortalecer el Estado Social y democrático de derecho, redistribuir la alta concentración de la riqueza en el país, empoderar como actores sociales, políticos y culturales a las víctimas y a los damnificados, generarles ingresos básicos para que se monten en el primer escalón de la lucha contra la pobreza e iniciar un proceso colectivo de reconciliación nacional.