Se trata de cómo se construyen obras en Santa Marta, que si bien es cierto no catapultan a la ciudad a una competitividad, si ha generado en gran parte de la sociedad samaria, especialmente en aquella que le habían negado todo.
Los samarios sufrían esa especie de esclavitud por no disfrutar de las obras que se hacía en la ciudad; deseaban con anhelo, la llegada de alguien que administrara los recursos públicos con bolsillos de cristal e hiciera obras que necesitaban. Veían que la ciudad se caía a pedazos y los impuestos se desviaban para bolsillos privados, menos para la inversión social.
Fue tanto la decidía por la ciudad que a un alcalde se le ocurrió, en hora buena, porque no había más nada que hacer, de colocarle salvaguarda a los ingresos públicos del Distrito, metiéndolo en la Ley de salvaguarda-ley 550- que Gobierno Nacional había establecido para la empresa privada, en principio, pero que fue acomodada, para los entes territoriales que tienen en riesgo los dineros públicos.
Este procedimiento convirtió al Distrito en un incapaz para invertir sus recursos propios; el gobierno nacional le certificaba o le negaba toda inversión que el ente territorial pretendía hacer.
La metida del distrito en la Ley, tenía un plazo perentorio con unas características especiales como es la de negociar con sus acreedores y suspender todos los procesos que en el momento estaban cursando, plazo que el gobierno de Carlos Caicedo, cumplió. La administración se encuentra con una ciudad burocratizada; había muchas, no sé cuántas instituciones inoperantes, y como es natural, el número de empleados rebosaba el presupuesto establecido para su funcionamiento.