La campaña presidencial de 2018 se asoma con polarización y división, claramente de dos grupos. Uno, que quiere defender la institucionalidad y la decisión de NO de la mayoría y otro, que a toda costa, quiere imponer la paz en la forma establecida en los acuerdos de La Habana y la decisión del SÍ de la minoría. Afortunadamente, muchos de los que votaron SÍ en el plebiscito, ya se dieron cuenta de que las concesiones a las Farc fueron desproporcionadas y exorbitantes y de que la implementación normativa de los acuerdos, tal como se acordaron, será funesta para el futuro del país. Se dice que los promotores del NO mintieron. La realidad, la fuerza de los acontecimientos, refleja otra cosa.
El paramilitarismo, ilegal forma de defenderse de las guerrillas, sus extorsiones, secuestros y asesinatos, y que remplazó al Estado en parte del territorio durante varios años, siempre será malo y censurado y siempre debe y deberá ser combatido y judicializado. La lucha guerrillera, sin embargo, por arte de magia, será justificada como medio político debido a la exclusión política bipartidista y a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La historia podrá ser re-escrita por la JEP y sus magistrados, en especial por la comisión de la verdad, pero además por los propios guerrilleros que con su decir podrán empalar a los ciudadanos y al establecimiento, que simplemente se defendieron de extorsiones, asesinatos, secuestros, violaciones y crímenes de lesa humanidad durante años. Además, instalado el tribunal JEP y la comisión de la verdad, por la afinidad ideológica de la mayoría de sus integrantes, estas instancias seguramente serán usadas por las Farc para ganar la guerra de manera política y jurídica, hundiendo a sus contradictores y justificando su actuar terrorista y narcotraficante. Por ello, el Gobierno deberá guardar una inmaculada neutralidad en las campañas electorales que se avecinan. Sería totalmente improcedente que el Gobierno, una vez inicie el debate electoral, tome partido por quienes promueven la consolidación de la paz, según lo establecido en los acuerdos de La Habana, en perjuicio de quienes, en desarrollo de su legítimo ejercicio de la política, prefieran otro camino para el país, es decir, una paz con ajustes. En realidad, la polarización per se, entendida desde el punto de vista de actuar conforme a los ideales y lo que es bueno o malo para el país y sus ciudadanos, no es mala. Discrepar en sí mismo no es malo. Lo malo es atacar a los demás por sus opiniones y convicciones y utilizar mentiras para afincar las posiciones y agendas que se tengan, siendo de especial censura la conducta cuando proviene de quien detenta el poder. Finalmente, sería improcedente que el Gobierno no imponga los correctivos del caso, si se presentan dudas sobre el actuar de la JEP, en especial de la comisión de la verdad. Por lo pronto, conviene y es necesario ponerle los correctivos previos a la ley JEP y su reglamentación, para que no se pueda re-escribir la historia de Colombia y apuntalar victorias políticas en el 2018 por parte de las Farc.