Muy probablemente, los boricuas en 1898 no pensaron que su traspaso a USA les iba a resultar tan oneroso y menos aún, que su realidad empeoraría cuando se le convirtiera en Estado Libre Asociado de Estados Unidos, momento en el cual se utilizó una política económica muy similar a la implementada aquí en Puertos de Colombia para su privatización: se crearon una serie de subsidios descontrolados, se liberaron impuestos y se estatuyeron sospechosas ayudas monetarias. Igual pasó en Puerto Rico; aquellas ayudas monetarias acostumbraron a la población a no trabajar; se ganaba más, no trabajando. Muchos, contando con el pasaporte estadounidense, migraban en busca del sueño americano. Mientras tanto, el país comenzaba a pagar deudas viejas con préstamos nuevos, iniciándose la debacle financiera portorriqueña. Aquí subyace la razón por la cual, el 80% de los alimentos consumidos en la isla son importados de los EE.UU, que más boricuas vivan en New York que en la isla y que el salario semanal sea el más bajo entre los 50 Estados. Su deuda pública al día de hoy asciende a 73 mil millones de dólares, lo que aunado a la pobreza extrema de la mitad de sus habitantes y a un desempleo casi del 15%, hacen imposible cumplir a sus acreedores. Ante tan caótica situación, el Senado estadounidense propone en junio un paquete de medidas para ayudar a la isla a salir de su crisis, acompañada con la creación de una comisión que se encargaría, no sólo de supervisar las finanzas de la isla, sino también la reestructuración de su deuda. Junta de control que estaría por encima de las autoridades locales y tendría influencia en la asignación de fondos de los programas sociales de presupuesto. Aparentemente la isla es autónoma, pero su política financiera, lo mismo que el control de sus fronteras, su moneda y las relaciones diplomáticas, dependen de Estados Unidos. El supuesto rescate consistió en una serie de medidas que conllevaron a la privatización de los servicios públicos, la aplicación de recortes sociales y la disminución del gasto público como única manera de pagar. Aunque Puerto Rico está adscrito como Estado Asociado, no está integrado a la legislación usamericana como los demás estados. Tanto así que, su corte suprema dice que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero que no es parte del mismo. Por lo anterior, este “Estado Libre Asociado” no puede acceder a recursos de la legislación federal. Su calidad de tal no lo asimila siquiera a una ciudad estadounidense, por eso la isla no puede declararse en bancarrota para obtener protección legal ante los prestamistas buitres, como lo hizo Detroit. En un informe titulado “Para Puerto Rico existe un camino mejor”, sus patrocinadores, que son 34 gestores de fondos de cobertura (prestamistas buitres), acusan a la isla de invertir demasiado en educación, no obstante haber cerrado el gobierno borinqueño casi cien escuelas y tener un 56% de su niñez viviendo en la pobreza. Consecuencia de esta política de austeridad, servicios tales como la salud, carreteras, hoteles, aeropuertos y la compañía telefónica, han sido entregadas a consorcios extranjeros. Todo lo anterior expele un fuerte olor a corrupción pero de eso no se dice absolutamente nada, porque en el fondo fueron los mismos capitalistas estadounidenses quienes la fomentaron para su propio beneficio, con ayuda de una dirigencia local corrupta y antinacionalista. Después del huracán, el señor Trump dijo en un twitter que la infraestructura de Puerto Rico era un desastre antes de ser golpeada por los huracanes y amenazó con retirar a los trabajadores de manejo de emergencia de la devastada isla, mientras a Texas y Luisiana les decía: “Estamos con ustedes hoy, estaremos con ustedes mañana, estaremos con ustedes cada día después, para restaurar, recuperar y reconstruir.” Con razón la periodista Dani Bostick, reconocida sicoterapeuta de Colorado Spring, señaló: “Era casi como si Trump pensara que Puerto Rico se mereciera aquella tragedia”.