En Santa Marta se realizó durante los días 6 y 7 de abril, el Diálogo Social, convocado por el vicepresidente Angelino Garzón, cuyo propósito en todo el país, se centra en construir acuerdos colectivos, orientados a implementar una política de Estado en Derechos Humanos, y que conllevó a que: se eligiera al distrito de Santa Marta como sede de un proyecto piloto en atención a personas en condición de discapacidad; se posibilitara la continuidad de una mesa de Derechos Humanos para la formulación de políticas públicas en equidad de género, como lo solicitó la Directora de la Fundación Emaus; y que, a petición del Alcalde de Santa Marta, la ciudad fuese la anfitriona de la primera reunión preparatoria de la Conferencia Nacional que se realizará en el mes de diciembre sobre DH.
Se presentaron las conclusiones de las diversas mesas sobre emprendimiento, mujeres, infancia, adolescencia y juventud, Derechos Humanos y etnias así como una serie de proyectos del Gobierno Nacional y de planes locales y regionales de Derechos Humanos, de los que se sugiere se socialicen mediante consultas previas a la sociedad civil los planes de Convivencia y Seguridad Ciudadana Santa Marta Tolerante y Pacífica del Observatorio Distrital de Derechos Humanos, el Departamental de Acción en DH elaborado por la Gobernación del Magdalena o el Departamental de Prevención y Protección en DH y DIH de Acción Social.
En la Mesa de Derechos Humanos, participé en el Comité de Restitución y Titulación de Tierras, donde me encontré con víctimas de la violencia y de la usurpación de sus bienes, defensores de DH, asociaciones defensoras de los derechos laborales y ambientales ante las trasnacionales minero-energéticas, así como con distintos servidores y miembros de la Fuerza Pública.
En medio de un diálogo fluido y por demás respetuoso, dimos a conocer en representación de la corporación RVS nuestra propuesta de intervención denominada La Ruta del Despojo que busca, a través de acuerdos participativos, estudiar y caracterizar a las víctimas de la violencia en el departamento del Magdalena, con la elaboración de un mapa de tierras despojadas con su respectiva revisión de títulos y cartografía social, determinación a través de las denuncias de los afectados de los supuestos victimarios y/o auspiciadores y de las acciones y omisiones del Estado desde la época que se señala en la Ley de Victimas, con miras a que sirva como fundamento para el diseño de una política pública sobre DH y DIH, con la participación de los actores claves en la planeación y gestión de proyectos de desarrollo en el Magdalena y cuya misión sería quedar insertada en los próximos planes de desarrollo regional y locales y en sus respectivos presupuestos.
Así mismo se pidió el apoyo y acompañamiento institucional para la realización de talleres y foros de formación de formadores en DH y DIH que sirvan de insumos para la implantación de una cátedra sobre Derechos Humanos como eje transversal de los PEI de las instituciones educativas públicas locales y regionales y en la Universidad del Magdalena; la consolidación de mecanismos efectivos de prevención a eventuales violaciones a los DH y de protección a líderes sindicales, comunitarios, sociales y defensores de DH, así como para el desarrollo del proyecto de una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Santa Marta.
Se hace necesario que para la operatividad de este gran acuerdo sobre una política pública participativa e incluyente de Derechos Humanos en el departamento del Magdalena, participen activamente las instituciones públicas en sus objetivos misionales, la comunidad internacional y las universidades con su capacidad instalada y con su acompañamiento y asistencia técnica, así como la sociedad civil organizada y la ciudadanía, para que la sociedad en su conjunto quede comprometida con que nunca más se vuelvan a repetir los hechos, acciones y omisiones que se dieron en esta aciaga época del conflicto social y político armado irregular, que prácticamente llevó a la captura del Estado en nuestro territorio, y que por fin, a través de procesos concertados de justicia, verdad y reparación integral de las víctimas, se llegue a la reconciliación nacional.
