Jonathan, “el delincuente”

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Edward Torres Ruidiaz

Edward Torres Ruidiaz

Columna: Opinión

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Jonathan vive en San Miguel, un corregimiento de Hatillo de Loba-Bolívar que más parece un barrio del vecino municipio de El Banco, adonde sus gentes van a hacer sus compras, a vender sus pescados y mafufos y hasta a votar en elecciones. O a estudiar en un mejor colegio, como lo hace Jonathan diariamente a las 5.00 de la madrugada cuando atraviesa el ancho río en una canoa para estar puntual en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Sus amigos dicen que va a ser abogado por su manera de expresarse, que le hace aparentar más de sus escasos dieciséis años y que lo hace “un tanto serio” para las niñas de su colegio. Por buscar una mejor educación, Jonathan debe gastar en transporte $6.000 diarios, lo que a sus otros compañeros les alcanza para una semana de recreo.


Pero Jonathan siente que no es tan buena esa educación. En abril a su grado once le faltaban 3 docentes y la jornada nocturna apenas recibía 2 de las 4 horas de clases porque los docentes no aceptaron las horas extras que los rectores les ofrecían, debido a que el Departamento no pagó ni constituyó como cuentas por pagar los meses de  julio a noviembre de 2016 que juiciosamente laboraron.

Es apenas un caso pero refleja la situación de los colegios públicos del Magdalena: Estudiantes que no reciben todas sus asignaturas, una jornada única implementada sin el lleno de requisitos, pérdida de tiempo por trámites absurdos en Santa Marta para los docentes, niños que asean su colegio por falta de empleados administrativos, este año sólo se recibieron 5 de los 55 días de alimentación escolar del período enero-abril (el 10%)…. y así, decenas de situaciones administrativas atinentes a la SED, que llevan a que los niños reciban menos horas de clases, con el consiguiente perjuicio para ellos y los últimos lugares en los indicadores para el Departamento.

Por eso, cuando lo eligieron Personero, Jonathan se tomó a pecho la defensa de sus derechos y junto a otros Personeros organizaron un paro en los colegios urbanos de El Banco, argumentando el incumplimiento de un pliego de peticiones suscrito con la Secretaria de Educación Departamental Nidia Rosa Romero, quien los citó a su despacho y, ante la insistencia del joven en el incumplimiento del pliego, lo equiparó a un “delincuente”, reiterándole que su “dignidad” estaba por debajo de la de ella, además de otras frases y actitudes de maltrato, en una desafortunada actuación de la funcionaria pública quien no solo se llevó por delante los códigos disciplinarios del servidor público y el de Infancia, sino que coloca a pensar en manos de quien está la ya maltrecha educación del Magdalena. Las protestas en redes han hecho resurgir el histórico resentimiento por lo que muchos consideramos discriminación de Santa Marta al sufrido sur del Magdalena.

Pero como es costumbre con nuestra lejana tierra, esto no fue noticia nacional y ni siquiera el ICBF se ha pronunciado. Sólo la Procuraduría Regional anunció indagación preliminar a la funcionaria pero se espera de la Gobernadora la misma exigencia de justicia que hizo en el reciente caso de presunto abuso de un funcionario público a un infante en Pivijay. El maltrato al menor no es algo relativo y la renuncia de esta funcionaria es lo mínimo que la sociedad espera. Necesitamos más “delincuentes” como Jonathan.
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