Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
La justicia, como la política, se convirtió en mercancía pagadera en metálico a precios de futbolista internacional, pero también con favores burocráticos o mermelada presupuestal.
Una mercancía que se utiliza para perdonar culpables o condenar inocentes, contra toda evidencia o comprando testigos; no importa. Una justicia que sirve para retaliar contra quienes no comulgan con las decisiones del poder y tienen el valor de expresarlo. Una justicia que se quitó la venda para escoger a quién castiga y a quién perdona, y a qué precio.
El conocido ícono de la Iustitia, con su balanza, su espada y su venda, es una “personificación alegórica de la fuerza moral en los sistemas judiciales”, algo que no pasaría de lugar común o una simple frase, de no ser por el drama y la vergüenza que representa para el país y para nuestra idea de democracia, de Estado de Derecho y de simple decencia, la contratación de ese debe ser con la realidad de nuestra justicia.
Imposible no pensar en su refundida “fuerza moral”, esa que deviene de la confianza por parte de quienes voluntariamente se someten a ella dentro del pacto social; es decir, de la confianza en la Ley como su referente, en sus instituciones y, por supuesto, en las personas que la imparten: los jueces. Esa confianza a la que se llega cuando hay justicia para todos…, y para todos por igual.
Cuán lejos estamos de esas condiciones. ¿A dónde fue a parar la fuerza moral de nuestra justicia?, que la tuvo, antes de que los constituyentes del 91 se equivocaran convirtiendo a los altos jueces en electores, y de que empezaran a funcionar las puertas giratorias y los intercambios de favores entre los tres poderes, que perdieron por ese camino su independencia, piedra angular de la democracia.
Hay dos casos sintomáticos de ese tránsito de la fuerza moral al “relativismo moral” de la justicia. El primero: Mientras el aparato judicial desplegó toda su artillería para investigar, juzgar y condenar a los responsables de “parapolítica, nunca hubo el mismo despliegue con la evidente y probada “Farcpolítica”. Por qué no hay investigados ni condenados; por qué la Corte descalificó la evidencia palmaria de los computadores de Reyes. ¿Cuál fue el precio de preservar las negociaciones con las Farc a toda costa? Se advierte la mano de
Leonidas Bustos, para entonces proclamado por el Gobierno como el magistrado de la paz.
El segundo: Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, fue condenado por la Corte Suprema sin pruebas concluyentes y con particular dureza. De los nueve magistrados, uno se declaró impedido y no se le nombró conjuez; cuatro fueron mencionados expresamente en los audios de la DEA, Bustos entre ellos, ponente de su sentencia condenatoria. Tres más fueron mencionados indirectamente, y el único no incluido, Eugenio Fernández, fue precisamente quien salvó su voto arguyendo con verticalidad que se había violado el derecho de
Arias a su defensa. ¿Cómo confiar en ese veredicto y esa condena? ¿Cuál fue el precio de la persecución a Arias y al uribismo?
Aurelio Iragorri, actual ministro de Agricultura, contrató “a dedo” más de tres billones de pesos en dos años, como denunció Caracol antes de que la publicidad estatal silenciara a los medios. Por muchísimo menos le dieron a Arias ¡17 años!, pero en este caso no se sabe de investigaciones ni de afanes de la justicia para actuar de oficio ante la denuncia pública.
Nota Bene. ¿Será cierto que el contralor Maya desmontó la Auditoría regular de la vigencia 2016 al Ministerio de Agricultura? Qué coincidencia. @jflafaurie