La actividad minera en el país se rige por la Ley 685 de 2001, la cual fue reformada mediante la Ley 1382 de 2010, pero a poco andar fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa.
La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción que se enseñoreó en el antiguo Ingeominas, amén de “la captura y reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del recurso natural no renovable, particularmente del oro. Ello explica el hecho que delata la Asociación Colombiana de Minería, según el cual en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad.
Detrás del paro minero prolongado y traumático en Segovia y Remedios, como antes se dio en el Cauca y en Chocó hay una historia de desgobierno, corrupción y violencia que no tendrá salida mientras se sigan confundiendo la minería criminal con la sencillamente artesanal. Allí opera la Grancolombia Gold, empresa canadiense que adquirió los activos de la empresa Frontino Gold Mines en 2010, con más de 1.500 trabajadores formales, en medio de un sinnúmero de pequeñas explotaciones informales, algunas de ellas tras de las cuales se escudan bandas criminales. Se estima que entre Segovia y Remedios se extraen ilícitamente 27 toneladas de oro en más de 100 entables, con ingresos anuales cercanos a los US $900 millones (¡!).
El Gobierno Nacional ha venido tomando medidas para meter en cintura a quienes extraen y comercialización el oro sin el lleno de los requisitos legales, entre ellas la prohibición del uso del mercurio y el control a las plantas de beneficio, así como el control de la comercialización del oro, estableciendo un máximo a la cantidad de oro vendida por parte de los minero tradicionales (35 gramos de oro al mes que equivale a cerca de $3 millones), que deben contar con certificación vigente de la ANM, como lo dispone el Decreto 1102 de 2017, justo para evitar que la extracción ilícita se siga mimetizando haciéndola pasar como producto del barequeo.
Estas medidas, no han sido de buen recibo y han caldeado los ánimos, provocando un paro en el que se confunden unos y otros, el cual se ha prolongado por más de tres semanas, paralizando todas las actividades y bloqueando la región, con una grave perturbación del orden público. No faltan quienes se aprovechan de este clima enrarecido para pescar en río revuelto, es el caso del Clan del Golfo y de las autodenominadas Autodefensas gaitanistas, cuyas amenazas obligaron a la Grancolombia a suspender, alegando fuerza mayor, 700 contratos por parálisis forzada de su actividad.
La salida tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales y otro, muy distinto es el que debe darse a quienes tengan probados vínculos con estructuras criminales. Como lo dije a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía, es absolutamente inconveniente pescar con dinamita, dándoles el mismo tratamiento a ambos, este debe ser diferencial y diferenciado. La formalización de los pequeños mineros y el combate frontal contra los ilegales es el camino y su éxito en Buriticá, Antioquia, es un ejemplo digno de imitar.
En Buriticá se presentó una situación semejante y al amparo del Decreto 480 de 2014 la Continental Gold suscribió varios subcontratos de formalización minera con varias cooperativas en las que se asociaron mineros tradicionales y gracias a ello se dio una alianza productiva, aislando de paso a quienes pretendían camuflarse como tales.