En el año 2018 habrá elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero lo que está en juego no es solamente elegir a los dignatarios per se, sino elegir un modelo de política de Estado y de paz. De hecho, en los últimos siete años el Gobierno Santos ha insistido de manera vehemente en su modelo de política de Estado y paz.
La inseguridad jurídica será rampante. La Corte Constitucional se deberá pronunciar sobre toda la plétora de leyes y de actos legislativos, proceso en el cual cualquier cosa puede suceder. Una Corte pro-paz, tomando la paz como bien superior, será proclive a aceptar o declarar exequible todo o la mayoría de leyes y actos legislativos realizados. Una Corte pro instituciones y que guarde una ponderación más ajustada de los valores y derechos constitucionales, será más dada a rechazar o declarar inexequible parte de las leyes e, incluso, de los actos legislativos realizados.
Pero, ¿quién debe decidir? ¿Será que la Corte, compuesta por nueve magistrados no elegidos por el pueblo debe definir la constitucionalidad del desarrollo e implementación del Acuerdo Final? La facultad constitucional claramente recae en la Corte. No obstante, y dada cuenta a que el pueblo soberano se pronunció y dijo NO, se podría pensar que no hay legitimación en la implementación y desarrollo de los acuerdos por parte del actual Gobierno y de los otros poderes a su servicio. Se debe determinar exactamente cómo seguimos adelante con el acuerdo y el modelo de Estado y paz. Si el desarrollo e implementación, incluso la determinación de su constitucionalidad, se va a realizar por los canales institucionales actuales, o ellos, en sí mismos, carecen de legitimidad.
En realidad, en el subconsciente colectivo, las ramas del poder público están siendo cuestionadas. El ejecutivo, además, del “conejo al plebiscito” es muy impopular por la manera en la que ha conducido al país y la economía. Las otras ramas del poder público tampoco se escapan. Los ciudadanos no creen en la justicia, gracias a su ineficiencia e ineficacia y los escándalos que han rodeado las altas cortes. Que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan sido involucrados en escándalos de corrupción es inaudito. Que además esto sea en contubernio con el legislativo implica que muchas cosas andan muy mal en el andamiaje institucional.
Que además el legislativo esté a orden y a la disposición del ejecutivo, en tan crítico momento por la implementación y desarrollo de los acuerdos, es preocupante. En este contexto, por lo tanto, los ciudadanos deberán analizar qué quieren para el país y sus instituciones con relación a la implementación y desarrollo de los acuerdos, lo cual no es más que el modelo de Estado y de paz. Sería ideal, para ello, que el próximo Presidente tenga un mandato político para “refundar” el país y sus instituciones, vía una asamblea nacional constituyente. Que sean, finalmente, los ciudadanos quienes definan el modelo de Estado y paz y con ello la manera de implementar y desarrollar los acuerdos, que no es más que tomar lo adecuado y conveniente para el grueso de los colombianos y descartar lo que no lo es. Y es eso, precisamente, lo que determinará el país que tendremos en los próximos cincuenta años.