Las dimensiones del conflicto ambiental y el desarrollo sostenible

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Jean Jiménez Fuentes

Jean Jiménez Fuentes

Columna: Opinión

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En 2015, mediante sanción de la ley estatutaria 1757, se otorgó competencia a la Ciudadanía, para promover consultas populares como herramientas de participación democrática. Ello incorporó un eje esencial en el proceso de incidencia de las comunidades locales y de base, con relación a los asuntos que involucran aspectos ligados al rumbo que se le imprime a un conjunto de decisiones diversas, con impactos indiscutibles en la estructura misma de sus territorios, tejido social, vocación económica, riqueza ambiental y patrimonio cultural.


   Desde entonces hemos asistido a un escenario de disputa permanente que ha vislumbrado la tensión existente, entre una tendencia que se cimenta en el afán de considerar como imperativo la  naturaleza  racional de la actividad económica inmediatista, con márgenes de eficiencias anclados a la lógica de la explotación desmedida en virtud de un lucro y, aquella, que con un enfoque de defensa de derechos, interpreta los mismos como elementos fundamentales dentro del entramado de las salvaguardas colectivas que se ligan a la  escala de un interés público superior, por lo que, el acceso al agua, la protección de los recursos naturales, la biodiversidad, los páramos, bosques, sabanas, quebradas, humedales, ríos y semillas, se asumen como factores que alcanzan una dimensión trascendental.

   Es así como hemos asistido a los procesos de consulta en Cajamarca y Cabrera - finalizadas - , Ibagué, Ortega y Pasca - en proceso - entre otras, en los cuales, ese interés público, que ha estado como epicentro en los asuntos  del debate, pareciera ser reinterpretado, por aquellos que, al frente del estado, intentan minimizar los alcances de las decisiones que emergen del mismo, lo que ha acentuado  el advenimiento de un sinnúmero de dogmas, ajenos a lo que debería entenderse como, los fines  auténticos que deben estar presente en ese mismo estado, situación que genera en esta disputa, rasgos complejos, precisamente porque las controversias se relanzan, no ya entre las comunidades y los grupos económicos de presión que incentivan grandes megaproyectos, fomentan el cambio del uso del suelo, generan mecanismos de deforestación a través de la exploración y extracción de gas, carbón o petróleo , sino, que el eje del combate, pareciera que tuviera como actor  a vencer, al mismo estado, instancia obligada a menos teóricamente, a   garantizar la protección de los más vulnerables y el respeto a los derechos fundamentales,  ejes indispensables de la democracia. Esto explica entonces, porqué, desde el Gobierno de Colombia y su Ministerio de Minas y Energía,  se ha incitado a promover los procesos administrativos para obtener licencias de explotación de oro, así este vigente el resultado de una consulta popular que lo prohíba, decisión que se suma a la inundación de títulos mineros en la Sierra Nevada de Santa Marta, la apertura de infraestructuras portuarias en distritos de manejos integrales como la Bahía de Cispatá en el municipio de San Antero Córdoba, La aceleración de las Fracturas Hidráulicas en San Martin Cesar o la defensa de las actividades de las industrias extractivas a gran escala en todo el país, lo que agudiza las incidencias negativas del cambio climático y obstruye las alternativas reales para enfrentarlo, hecho que motiva múltiples inquietudes e interrogantes.

¿Habla en serio el Estado Colombiano, cuando plantea la necesidad de generar un proceso de reducción de emisiones vía NDCs que cuantifique un 20 % al 2030, ayudando a contener el cambio climático? ¿Es real la vocación democrática de un estado que incita a desconocer la decisión mayoritaria de sus ciudadanos, expresada en consultas populares? ¿Es la actividad minera - responsable de la generación de $ 1 billón de ingresos anuales y fuentes de 350 mil empleos -, un factor que orienta el desarrollo sostenible en nuestro país por lo que se deben seguir sacrificando nuestros activos ambientales en una forma predadora desmedida en donde la industria extractiva desenfrenada se asume como un motor de crecimiento irremplazable?, la respuesta podría darse en el escenario de la naturaleza de los conflictos ambientales y la dimensión misma del desarrollo sostenible, lo que solo es posible desde una perspectiva de acumulación que genere una acción social organizada dirigida a incentivar una confrontación con miras a crear un esquema que al menos de manera aproximativa, defienda la esencia misma de los derechos fundamentales y la protección de nuestros recursos esenciales.
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