Se conmemora en estos días la expedición, hace apenas treinta años, de la Ley 388, conocida como la “Ley de Desarrollo Municipal”. Dicha ley, define el ordenamiento territorial como: “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, disponiendo los instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales…” (Artículo 5º)
La sola definición lo dice todo: son decisiones de gobierno, articuladas desde lo local con el mercado global; son políticas de estado basadas en estrategias de largo plazo y son acciones concertadas y consensuadas de orden político, administrativo y de planificación que tienen la misión de guiar el desarrollo del territorio municipal y distrital hacía donde la ciudadanía quiere y sueña, transformándolo todo si es necesario, pero con mucha claridad y precisión y, respetando y resguardando los recursos naturales y los de la identidad.
Evaluar lo que pasó desde entonces en Colombia, una vez se cumplieron los plazos para someter a la aprobación de los concejos el instrumento llamado Plan de Ordenamiento Territorial o POT, implica ponerles la lupa para determinar qué de lo que señala el enunciado de la Ley se cumplió y qué nos quedaron debiendo los 1.122 municipios del país. Difícil tarea, incluso para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dado que no existe una base de datos única ni un sistema único de seguimiento que desenmarañe la compleja trama de ordenamientos y articulaciones territoriales y las integre.
Se creyó que los entes municipales comenzarían una nueva vida. Más ordenada y reglada. Más prospera y de mayor responsabilidad y compromiso de autoridades y habitantes. El establecimiento de reglas de juego les permitiría andar con pasos seguros por senderos de democracia, paz, riqueza y bienestar. Se pensó contar con una planeación de más largo aliento, a doce años, tres periodos de alcaldes, garantizando así la continuidad de políticas públicas, programas y proyectos estratégicos, que los acercaran a la concreción de una visión de futuro ajustada a sus propias potencialidades y a las de sus entornos inmediato y remoto.
El POT era la panacea. La cura de todos los males consecuencia de una planeación de pésima calidad. Hecha a retazos. Improvisada, sin indicadores ni mecanismos de control y evaluación, distante de la realidad circundante, inaplicable por lo inalcanzable y vaga, que apenas servía para llenar el requisito de “tener un plan”, con el cual acceder a una cuota extra o más alta de la piñata nacional. Hubo fundadas esperanzas en él. Borrón y cuenta nueva. No importa que nos demoremos un poco más en su formulación, la idea es hacerlo bien, para que cada cuatro años sólo sea ajustarlo, con información geo-referenciada que se pueda actualizar fácilmente, veraz y con capacidad para articular entidades locales con nacionales, para coordinar acciones y evitar la dispersión de esfuerzos en un mismo territorio.
Eso era. Pero eso no pasó. Al menos en Santa Marta, que desde el 2012 espera se revise y ajuste el Jate Matuna. Han pasado casi cinco años sin que se sepa del ordenamiento territorial. Hubo amenazas, se convocaron mesas de trabajo, se realizaron y no, se escribieron actas y se borraron, las palabras se las llevó el viento y, no rigen normas: el uso del suelo y el urbanismo se asignan por conveniencia y a cualquier precio, no hay agua potable suficiente aquí ni allá, las aguas residuales circulan campantes, flaquea la seguridad urbana, el ambiente sigue la escalada del deterioro y no hay prevención ante el riesgo de desastres, como lo sufrimos hace una semana. Sin embargo, testarudos orgullosos y apenados también la declaramos capital “turística, cultural e histórica” y escenario de los XVIII Juegos Bolivarianos.