El acuerdo de dejación de armas con las FARC es un extraordinario avance para lograr una paz que debe gestionarse, manejarse y materializarse desde las regiones.
Para cumplir con este propósito es vital la reestructuración del ordenamiento territorial del país para que nuestro Estado sea eficaz, responsable y con más presencia en las comunidades, hecho que permitirá a los habitantes de los territorios tomar decisiones sobre su destino. La fórmula está consagrada en los artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991 y tiene como fundamento organizar a Colombia sobre la base de regiones sólidas.
De allí que sea muy relevante el acta de compromiso que firmamos en Cartagena los gobernadores de la región Caribe el pasado 28 de junio que denominamos “Manifiesto de los gobernadores del Caribe”. Este documento fue suscrito en presencia del presidente Santos y ministros. Es una decisión histórica que va en línea directa con el cumplimiento del Estado Regional.
Los gobernadores del Caribe decidimos cambiar la estrategia para concretar el proceso de regionalización. Se llegó a pensar que así como hubo un Voto Caribe en el año 2010, con un gran impacto político, pero sin efectos jurídicos vinculantes, se debía hacer, ahora, un Voto Nacional por las Regiones con obligaciones concretas. Sin embargo, de acuerdo a lo revisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por la Registraduría no hay viabilidad para que tuviera efectos jurídicos vinculantes porque existe una expresa prohibición de que no puede haber “consultas” el día de elecciones.
Para que las regiones sean una realidad se tramitará en la próxima legislatura del Congreso la Ley de Regiones, fruto de un “gran acuerdo nacional” que cuenta con el liderazgo de la Presidencia de la República, el respaldo fundamental de los ministerios de Interior y Hacienda, la vinculación de Planeación Nacional y el trabajo integrador de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Esta Ley de Regiones debe ir, en paralelo, con la discusión y el análisis del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe asignar nuevos y suficientes recursos para que, desde el presupuesto nacional, se garantice el funcionamiento de las regiones.
Es necesario equilibrar los diferentes niveles del Estado. Para ello, hay que disminuir el tamaño del Estado Central para que pueda emerger nítidamente la organización territorial regional al que se le delegarán recursos y competencias. En caso contrario, no avanzaremos de acuerdo a las exigencias del mundo moderno y seguiremos siendo un país centralista, dirigido por políticas de unos pocos.
Un aspecto fundamental que es imprescindible estudiar, resolver y concretar es tener las herramientas claras que den garantía de transparencia en el manejo de los recursos y asegurar su uso eficiente en el nivel local de acuerdo a la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Este punto causa preocupación al Gobierno Nacional.
Los últimos logros del Órgano Colegiado y de Planificación (OCAD) son la mayor demostración de que una sólida institucionalidad regional es el camino para lograr avances significativos en el desarrollo económico y social de los territorios.
Si gobernar es ejecutar, hay que establecer una institucionalidad adecuada. La única manera de lograr un mayor nivel de ejecución de proyectos con verdadero impacto regional es con una estructura dotada de una alta visión de grandeza.
Conclusión: ¡Sí a las regiones!