Se aprobaron en primer debate 16 nuevas curules para la Cámara de Representantes en circunscripciones territoriales diseñadas por las Farc. La idea, nos dicen, es que en aquellas regiones que han estado olvidas por el Estado haya mayor representatividad, mayor participación política y mejores perspectivas. Todos buenos propósitos. Sin embargo, aquellas curules no serán la solución para el diagnostico inicial, ni tampoco tendrán los efectos que se prescriben.
El centralismo de Colombia no se soluciona con unos curules adicionales, ya he escrito sobre este tema. Tampoco es cierto que tener un Representante a la Cámara ayude a una región, pues no tiene injerencia en la asignación del gasto público: un voto entre 166 de una institución que tampoco define el gasto estatal. Llegarán esos Representantes –sin partido- a buscar alianzas en el Congreso para poder hacer parte de alguna mayoría, y serán presas fáciles para la cooptación por parte de los gobiernos de mermelada. Así las cosas no habrá grandes cambios para nadie, salvo para los directamente beneficiados con la elección. Sin embargo, algo es algo y peor es nada, nos dicen.
Se pretende que solo organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos de la zona puedan participar con candidatos en estos territorios. Es un adicional, dicen, y los ciudadanos podrán votar dos veces para la Cámara: uno por partidos tradicionales, y otro por esos nuevos movimientos. Lo que es interesante es que ningún partido político constituido podrá participar con candidatos. Se anuncia como un triunfo contra la politiquería que nos desborda, cuando en realidad se traduce en que aquellas regiones se mantienen aisladas de la política nacional, otra vez.
Es cierto es que muchas de aquellas zonas están por fuera del alcance de la política de los partidos, no por olvido como pretender sostenerlo, sino por imposibilidad. En la mayoría de esos municipios la presencia armada de los grupos ilegales –incluidas las Farc- han impedido el libre ejercicio de la democracia. La ciudadanía ha sido forzada con presión armada a votar de una manera, en algunos casos; ha tendido que ocultar su filiación política, en otros, ha sido desplazada, amenazada o asesinada por su color político, nadie puede hacer política. Mi corta experiencia en la política me ha dejado ver todos estos procesos, cuyo eje de identificación es que las armas han impedido el florecimiento de la democracia; aquella que tampoco podrá surgir ahora porque la Constitución exigirá la renuncia a la filiación política partidista para poder optar por participar en estas circunscripciones.
Miremos el caso concreto. El Centro democrático –como otros partidos- ha ganado elecciones en algunos de esos municipios. Lo ha hecho gracias al coraje de líderes que han sido amenazados, sufrido atentados, y han tenido que ver como nuestra escasa publicidad política es quemada o destruida. Esos valientes, que han dirigido a las mayorías que siguen al Centro Democrático, tendrán que abandonar al partido si quieren representar su región; para ellos antes fueron las armas y ahora será la propia Constitución. Eso sin contar que en estos 167 municipios -que son el 7,8% del censo electoral nacional- están asentadas 25 de las 26 las zonas veredales transitorias, donde se ubican el 91% de los cultivos ilícitos, y una proporción importante de la minería ilegal... Así las cosas, seguramente seguirán en manos de los violentos; nada cambiará, tal vez al menos el nombre del verdugo. Ojalá.