La última sentencia de la Corte sobre el “Fast Track”, que aún no conocemos, señala que ciertos apartes del Acto Legislativo No. 1 de 2016 son inconstitucionales.
Lo cierto es que el matoneo del poder ejecutivo y su corte al poder judicial no tuvo los efectos queridos por el Gobierno y que con este fallo gana toda la Nación. La Corte, que mató al tigre, permitiendo la vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2016, con una refrendación popular distinta al voto directo del pueblo, afortunadamente se asustó con la piel y reculó. No es lo mismo cercenar los poderes del legislativo, cuando el pueblo así lo establece por votación, que cercenarlos por “iniciativa propia”, bajo el matoneo y mermelada del Gobierno.
Y así lo comprendió la Corte, no sólo en lo jurídico, sino también en lo político, al ver la avalancha de leyes que han sido aprobadas y estarían aprobándose, sin un debido debate y escrutinio legislativo. La Corte comprendió, finalmente, que la institucionalidad es importante, que las formas son importantes, que ciertos intangibles de la constitución están por encima de la paz y el acuerdo y, aún más importante que todo, que el fin no justifica los medios.
La Corte, algo tarde, pero mejor tarde que nunca, le dio una lección de institucionalidad y constitucionalidad a Santos, De La Calle, Jaramillo, Cristo, Henao, etc. El Estado Colombiano no es el Ejecutivo y este poder no puede hacer lo que le dé la gana en la y con la expedición de las leyes. Ejemplos de no deliberación y votación de artículo por artículo y limitación de la iniciativa parlamentaria han sacado los amigos del Gobierno del sombrero para justificar la legalidad del “Fast Track”, en cuanto a la discusión y votación en bloque y la no inclusión de iniciativas parlamentarias.
Lo cierto es que están comparando peras con manzanas para justificar lo injustificable. Un tratado es un tratado y, no implican su aprobación, desarrollos legislativos extensos sin la participación adecuada del legislativo. Igualmente, el presupuesto y los planes de desarrollo, en cuanto a su elaboración e implementación, son en sí actos de la administración. Por ello se aprueban en bloque y se limita la iniciativa parlamentaria.
La implementación del acuerdo de La Habana, no es un simple acto de administración, sino un verdadero acto de disposición legislativa que determinará el futuro de la Nación. El Gobierno, por ello, no puede pretender que todo se le apruebe “por dentro de un tubo”, por una vía rápida que implique evitar un debate profundo y la posibilidad de que el Congreso incluya cambios a lo que le presenten, o presentar sus propias iniciativas, e incluso pretender que, lo indicado por la espuria comisión legisladora, integrada por el Gobierno y las farc, sea lo único y lo adecuado para la implementación y desarrollo del acuerdo o que no se puedan moderar, e incluso cambiar, los términos de la implementación y desarrollo en beneficio de toda la nación. Para finalizar y entender lo que significa tan abominable “Fast Track”, establecido en el Acto Legislativo No. 1 de 2016, en él se indica que los actos legislativos que se aprueben sólo podrán ser inconstitucionales por vicios de procedimiento. Lo finalmente cierto, con el fallo de la Corte, es que empezó el principio del fin de seguir haciendo “trizas” la institucionalidad y la constitución.