La Defensoría del Pueblo y los centros de atención a victimas

Columnas de Opinión
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Escrito por:

José Manjarrés Fontalvo

José Manjarrés Fontalvo

Columna: Opinión

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Transcurría el año 2012 cuando la Defensoría del Pueblo en cabeza de su delegada de Victimas,
Leonor Patricia Luna Paredes planteó la urgente necesidad de construcción de una sede de atención a víctimas en el Departamento del Magdalena, centro que hoy recibimos  con beneplácito e importancia los amantes de la paz y la justicia social, instalaciones que se propusieron como una alternativa del goce efectivo de los derechos de esta población como una medida de satisfacción, amparado en las   promulgaciones de la Ley 975 del 25 de julio del 2005 (por medio la cual se busca la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley) y la 1448 de 2011 ( Victimas y Restitución de Tierras)  quiso el Gobierno en acompañamiento con legislador, darle una salida total a la política de violencia de este país, fue así como se buscó acertadamente que las víctimas del conflicto armado interno tuvieran una verdad, justicia y reparación, por parte de los perpetradores o victimarios para lograr la tan anhelada reconciliación entre los colombianos, recordemos que Colombia es el único país en el planeta, que cuenta con unas normas de sometimiento a la justicia de los grupos al margen de la ley, disposición que tiene como objetivo general, facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, y como específicos lo concerniente a una pronta y efectiva investigación, procesamiento, sanción y beneficios, es así como en buena hora se constituye el modelo de atención a víctimas del conflicto armado, como genuina estrategia para minimizar los trámites a través de unos nodos socio jurídicos de caracterización, orientación, aprestamiento jurídico, remisión y seguimientos entre otros, conformado por instituciones;

comprometidas con esta salida como parte fundamental de este proceso. tales como Procuraduría I.C,B.F., Ministerio de Justicia, Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Protección y Seguridad Social, Sena, Fiscalía, DPS , Unidad de Victimas, Unidad de Restitución de Tierras, Gobernaciones, Alcaldías, Mindefensa, Minagracultura entre otras; que permiten que a las víctimas se le genere mayor confianza y empoderamiento en todos los procesos, al momento de reclamar los beneficios que les brinda la ley de Justicia y Paz y el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa, es así como a través de esta destreza que ya cumplió 6 años, se ha podido bajar las cargas de ansiedad y temor producidas a las víctimas por el conflicto; han queridos esta normas que la verdad salga a flote para que la sociedad y en especial las víctimas se enteren que pasó, por qué y quiénes lo hicieron, una justicia que esté presta a hacer el procedimiento judicial para esclarecer la verdad, y una reparación restaurada que se mire como la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia.

Hoy resaltamos con mucho beneplácito que la Defensoría del Pueblo basado en el Artículo 283 de la Constitución Nacional, haya asumido la Coordinación Nacional de esta táctica, donde institucionalmente y afortunadamente tiene la misión de velar por la Promoción, el Ejercicio y  Divulgación de los Derechos Humanos, hoy se puede decir que se ha avanzado en este proyecto de vida, buscando garantizar el derecho a la Paz conforme a los artículos 2, 22, 93 y 189, de la Carta Magna, habida consideración de la situación de orden público que vive el país, que amenaza a la población civil y las instituciones legítimamente constituidas, desde esta tribuna de opinión apoyamos este cambio de Reconciliación, y Conciliación como una de las rutas para consolidar la Paz estable y duradera.
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