La Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, anunciada por el Gobierno Nacional en días pasados, que será tramitada una parte como Decreto y otra como Ley, en el Congreso de la República, parece una propuesta elaborada por las Farc, que sería ejecutada, como es usual, por Juan Manuel Santos para complacer una vez más a los narcoterroristas.
Podría llegar a afirmarse que, con ella, inicia la expropiación vía administrativa de la propiedad privada, poniéndola en un riesgo inminente, así como lo hicieron en la hermana República de Venezuela, Además, se eliminarían los recursos de investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica, desincentivando la inversión en el campo y generando una gran incertidumbre en todos los sectores de la cadena de producción.
Sí señores, la ley de tierras en vez de crear confianza inversionista, produce pánico y envía un pésimo mensaje de expropiación arbitraria por parte del Estado. Así mismo, desconoce derechos adquiridos y deja abierta la posibilidad para que se afecten Unidades Agrícolas Familiares vigentes.
La trasferencia de la propiedad debería realizarse a partir de los predios a cargo de la Nación y no con la aplicación de un híbrido entre el usufructo y la constitución de bienes por adhesión o destinación, lo cual en últimas convierte al beneficiario en un copropietario y conlleva a un claro detrimento de los intereses del propietario quien, por esta calidad, seguiría sujeto al cumplimiento de obligaciones.
Con la excusa y pretensión que las tierras no sean sólo de “engorde” y “ociosas”, el Gobierno Nacional le dará seis meses a los propietarios para poner a producir sus predios o de lo contrario serán expropiadas desconociendo el certificado de tradición y libertad, que soporta la propiedad de cualquier inmueble, facultando de manera inconstitucional a la Agencia Nacional de Tierras - ANT, para que reclame baldíos, en aquellos casos donde el registro catastral y el área medida del predio no coincidan, y así declarar la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios privados.
¿Cuándo entenderá el Gobierno de Juan Manuel Santos que la solución no está en imponer una reforma agraria que empobrezca cada día más al campo, que afecte la inversión y rentabilidad del sector agropecuario colombiano y a través de la cual se expropian tierras para entregárselas a las Farc poniendo en riesgo el modelo económico del país?
Lo advertimos en la campaña del plebiscito. Nos acusaron de mentir y engañar para confundir e indisponer a los ciudadanos; hoy, lo que dijimos se convierte en realidad. Por ello, nos opondremos a esta extinción de dominio que pretenden imponer y disfrazar de reforma, al mejor estilo castro-chavista, que no sólo pone a Colombia al borde de un abismo sino que además desconoce la decisión de seis millones y medio de colombianos que dijimos No a lo pactado en ese acuerdo de La Habana.