“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar” (Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional)
Durante los últimos días se han caldeado los ánimos en las altas esferas del Estado como consecuencia de varios proyectos de ley que hacen tránsito en el legislativo y los cuales tienen como eje temático la excarcelación masiva de cientos de colombianos que permanecen en lo que algunos denominan “cementerios de los vivos” y, -quién lo creyera-, han recibido sables y mandobles por parte de aquellos que siempre ven la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio y el escándalo pareciera resquebrajar el Consejo de Política Criminal, por cuanto vivimos en una sociedad en donde si los demás no están de acuerdo con mi pensamiento, entonces mejor me excluyo y de esa manera, como cualquier muchachito malcriado, impongo absurdamente mis argumentos, si es que a esos caprichos se le puede denominar así.
El alboroto se ha armado desde que se conoció la noticia de la visita del papa Francisco a Colombia y frente a ello se consideró oportuno y conveniente adoptar una denominada Ley de Jubileo, la cual y como una manera de congraciar al Pontífice, permitiría la salida de las mazmorras colombianas de alrededor de 40.000 personas procesadas por delitos de mínimo impacto y la explicación para esa negativa se fundó en que ello constituía su base en fundamentos religiosos por ser una concesión al líder del catolicismo, lo cual riñe con la condición laica que la Constitución de 1991 le dio al país.
Llama la atención que el más férreo opositor a esas iniciativas ha sido la Fiscalía que se opone a cualquier tipo de rebaja y sigue patinando en medio de esa absurda posición que va en contravía con el Código de Procedimiento Penal, -Ley 906 de 2004-, la cual considera que la libertad es la generalidad y la privación de la misma es la excepción, y sin embargo aquí lo más elemental y cómodo es mandar a todo el mundo para la cárcel, en muchos caso contrariando al Sistema Interamericano del cual hace parte Colombia y que protege derechos humanos de los internos y que aquí son vulnerados y despedazados olímpicamente, mientras los delincuentes de cuello blanco capotean a la justicia y se recrean a sus anchas en sus lujosas mansiones disfrutando de sus botines económicos, al tiempo que para la reinserción de miles de bandoleros y guerrilleros que tanto daño han hecho, bienvenida sea la libertad, mientras los ladrones de baratijas y delitos denominados bagatelas, se consumen en vida tras las rejas.
Para el gobierno la medida conjugaba postulados constitucionales del máximo tribual en cuanto al alarmante sobrecupo en las prisiones, sobre lo cual ha reiterado que es menester e imperativo revisar el tema de la proporcionalidad de las penas y su absurda dosificación, dependiendo de los delitos, a fin de combatir ese populismo punitivo que campea en medio de una sociedad que sigue creyendo y pensando que aumentando las penas se combate el delito y el beneficio sería para algunos delitos y no para aquellos que impactan grandemente a una sociedad como la nuestra y si bien es cierto dentro de los posibles beneficiados figuraban, por ejemplo, integrantes de bandas criminales y responsables de hurtos menores, conductas delictivas que más afectan al ciudadano del común, no es menos cierto que el hacinamiento se apropia sigilosa y vertiginosamente de un gran espacio social y ya no hay capacidad para albergar a algunos desadaptados sociales que han infringido la ley y son enviados a prisión para purgar su falta y someterse a un proceso de resocialización, pero qué va, aquí en Colombia, ni lo uno ni lo otro.
Es importante resaltar que a pesar de la negativa del ente acusador, el Gobierno pretenda seguir adelante con su proyecto y, como bien lo proponen entendidos en la materia, una política de Estado en asuntos carcelarios debe propender por evitar la entrada masiva a prisión de personas de forma preventiva y de ese modo se lograría la descongestión anhelada y concientizar a los administradores de justicia y operadores jurídicos que, como en el caso de la reinserción de guerrilleros, no todo se puede arreglar con cárcel, aunque es bastante difícil torear con una sociedad que no entiende sino eso y unos medios de comunicación que se convierten en abanderados de la sociedad y juzgan y condenan desde sus micrófonos y noticias y es por ello que nuestros jueces de la República terminan lavándose las manos y pasan de agache ante la realidad de aplicar la justicia y concluyen tomando decisiones que satisfagan la voracidad de la sociedad que clama por cárcel y más cárcel. Mientras tanto, miles de seres humanos, especialmente jóvenes, mueren en vida bajo los barrotes de establecimientos que se han convertido en universidades del delito y lanzan a las calles del país a verdaderos y avezados delincuentes.