Escrito por:
Andrés Londoño Botero
Columna: Bitácora del primer y cuarto cuadrante
e-mail: a.londono134@uniandes.edu.co
La economía colombiana no ha podido levantar cabeza. A pesar de que algunos analistas aseguran que en el país ha habido un buen manejo macroeconómico, los indicadores demuestran otra cosa. Los altos precios que tuvieron los commodities, como el petróleo, llenaron lar arcas del Gobierno y desviaron la atención de los temas verdaderamente importantes. Aspectos como el manejo del gasto y deuda, la independencia del Banco de la República y estabilidad jurídica han sido manejados a medias y con un tinte netamente coyuntural y no estructural ni de largo plazo.
Colombia comenzó a recuperarse de la crisis mundial en el 2010. Durante este año, la economía nacional se expandió 4%, el año de la crisis (2009) lo había hecho en 1,7%. Por esas épocas el petróleo iba bien. Llama la atención la evolución de las cuentas gubernamentales durante los años de auge. Según la teoría keynesiana, que el Gobierno intenta aplicar (por lo menos en la regla fiscal), en época de auge hay que ahorrar y dejar que el sector privado invierta, para así cuando el panorama cambie poder reaccionar con inversión estatal. Esta teoría no se ha visto aplicada en la práctica. El déficit fiscal, durante una bonanza de tres años de crecimiento económico superior al 4%, aumentó de 2,4% del PIB en el 2012 a 3% durante el 2015. La regla fiscal establecía, en un principio, que el déficit debía ser de no más de 2,3% del PIB a partir del 2014, meta que claramente no se cumplió. Para el 2017 se espera un déficit del 3,3% del PIB, en un escenario donde se ha relajado la regla fiscal, y a partir del 2018 el déficit no debe ser superior a 2,7% del PIB. El aumento del gasto ha provenido principalmente del tamaño del Estado y no del presupuesto de inversión, que es el que genera desarrollo.
Lo que es más preocupante es que la deuda externa pública incrementó del 12,5% del PIB en 2012 a 25,2% para el 2016. Los tiempos de auge dejaron como resultado un país más endeudado y con un mayor déficit fiscal.
Desde que la junta del Banco de la República nombró nuevo gerente, la independencia del banco ha estado en tela de juicio. No solo se ha visto al gerente del banco en eventos oficiales del Gobierno donde se lanzó un programa que implica un relajamiento monetario, que podría aumentar la inflación. También, el Gobierno ha salido varias veces pidiendo una rebaja en la tasa de interés, la última de 1%, una magnitud muy grande si se tiene en cuenta que los cambios más comunes oscilan entre el 0.5 y 0.25%. El banco parece haber seguido las órdenes del ejecutivo y ha bajado apresuradamente las tasas. El efecto ya se hace sentir en el último dato de inflación, que, si bien es menor al año pasado, no cumple las expectativas de los agentes del mercado. Nuevamente, la inflación estará por fuera del rango meta del 4% y del objetivo de largo plazo que es del 3%. Es inaceptable que el Gobierno presione públicamente al banco, esto puede desencadenar en una espiral inflacionaria y pérdida de credibilidad sobre la estabilidad financiera del país.
Para tapar los malos manejos y la caída de los precios del petróleo, una de las principales fuentes de financiación del Estado, el Gobierno ha decidido apretar los bolsillos de los ciudadanos aumentando impuestos. Las constantes reformas tributarias, en total siete, una por año, generan inestabilidad jurídica y espanta inversiones.
Lo que pasó en Colombia fue media década perdida en materia económica. En vez de crear un fondo de ahorro robusto, el país terminó, después de una época de auge, con un déficit fiscal y de cuenta corriente, además de una alta deuda pública. Tras siete reformas tributarias, no hemos podido llegar a una de fondo que baje las altas tasas de tributación corporativas y genere mayor equidad, en vez de eso tenemos una colcha de retazos difícil de comprender y que genera evasión y pérdida de competitividad. Además, por los niveles de déficit y deuda somos vulnerables ante un empeoramiento de las condiciones externas, situación que podría afectar el tímido mejoramiento del mercado laboral.