El Fiscal debe definir dónde están sus lealtades

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Escrito por:

Germán Vives Franco

Germán Vives Franco

Columna: Opinión

e-mail: vivesg@yahoo.com

No bien había anunciado el Fiscal General la imputación de cargos a algunas de las vacas sagradas del país por cuenta del escándalo Reficar, cuando ya les estaba abriendo desvergonzadamente la puerta de la impunidad al ofrecerles “beneficiarse” del Principio de Oportunidad.


Deberían cambiarle el nombre a la figura y llamarla Principio del Oportunismo porque no tiene presentación que delincuentes de marca mayor, terminen pagando penas irrisorias y después salgan tan campantes a disfrutar del producido de sus fechorías.  El principio penal de la proporcionalidad entre la pena y el delito se vulnera cínicamente con la triquiñuela de la colaboración eficaz con la justicia. Tal pareciera que es la justicia la que se empeña en colaborarles efectivamente a los criminales.  De hecho podemos afirmar sin ambages que el Principio de Oportunidad en Colombia es una de las formas más sofisticadas de corrupción de la justicia; es la forma sigilosa como la impunidad entra silenciosamente por la puerta de atrás.

Si la Fiscalía tiene pruebas sólidas contra un acusado, el Principio de Oportunidad debería ser improcedente.  Si en el caso Reficar hay imputación de cargos es porque hay suficientes evidencias para llevar los acusados a juicio y lograr condenarlos.  Vulnera la credibilidad en la justicia y sus actores, el que todos los días presenciemos como los criminales de cuello blanco se salen con las suyas.

En un país como Colombia, arrinconado por los corruptos, ni la Fiscalía debería generar suspicacias sobre sus actuaciones n i los delincuentes de cuello blanco deberían recibir trato preferencial y benevolente.

Es disparatado pretender que hay justicia, cuando la pena es mayor por un delito menor que por un delito mayor gracias a la condición del acusado, quien termina inclinando la balanza a su favor con la complicidad de la justicia.

Lo justo y lo lógico es que precisamente se tenga en cuenta la condición del acusado, en el caso de los que han ocupado altas dignidades, como un agravante.  Es en estos casos cuando todo el peso de la ley con sus consecuencias más drásticas, debería caer sobre los condenados.  La sanción debe ser ejemplar y ejemplarizante para que le quede claro a todo el mundo que en un estado de derecho no puede haber nadie por encima de la ley.  A mayor honor y responsabilidad en una sociedad, mayor debe ser el castigo cuando se asalta la fe pública.

En los casos de alto perfil, consideraciones de celeridad  y economía procesal no son las más importantes.  Privilegiar el procedimiento sobre la sustancia es una torpeza inexcusable e inaceptable, y cuando se hace, el mensaje para la sociedad es que ser pillo paga.  Abundan de los ejemplos donde ser pillo ha pagado: coronel Aguilar, Interbolsa y parece que prontamente Reficar y Odebrecht.

Hago un llamado al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para que este a la altura de las circunstancias, y comience por depurar el ente que él lidera.  Las circunstancias demandan que la Fiscalía deje de ser parte del entramado de corrupción al que ha pertenecido por tanto tiempo.  El país debe recuperar la fe en la justicia y sus actores.  Es un requisito sine qua non para la paz.

Hago un llamado al Fiscal General para que en el ejercicio de su función deje de lado toda consideración de amistad; el sentido del deber, la ética y el honor deben ser las brújulas de sus actuaciones.  La Fiscalía no puede ser convertida en un burladero a la justicia.  Si por alguna razón no se siente capaz de anteponer el cumplimiento de la ley a una amistad, renuncie para que por no traicionar a un amigo, termine traicionando al país.

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