¿Educación Superior colombiana en crisis?

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Escrito por:

Eder Ojeda Carranza

Eder Ojeda Carranza

Columna: Opinión

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El pasado 17 de Marzo, el presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de educación Nacional María Fernanda Campo, presentaron a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, según el gobierno la modernización de la educación en Colombia debe atender a las nuevas tecnologías a nivel mundial.

Sin embargo, hay que decir que los proponentes no advirtieron que la privatización y el modelo neoliberal aplicado a la educación en Colombia pretende vender el servicio público, dentro de los cuales se encuentra la educación superior y "que para modernizar las universidades públicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión y modernización".

Por lo anterior, el gobierno deja a un lado el tema del aumento del presupuesto a las universidades; argumentando que es necesario unir el capital privado nacional con el internacional para que se pueda tomar el negocio de la educación a todo nivel dado que no se les restringe en ninguna cosa.

También promovieron el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra. No obstante hay que advertir que el gobierno está equivocado al no aumentar el presupuesto para las universidades públicas.

Según el Consejo Nacional de Rectores del Sistema de Universidades Estatales, SUE, ha demostrado al gobierno que la des-financiación a la que están siendo sometidos desde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoy de la mayoría de los recursos aprobados en el 2009 para las universidades las hace insostenibles con ese presupuesto.

Debido a lo anterior, las universidades públicas tienen muchas nuevas obligaciones, por lo que han triplicado la cobertura estudiantil, se han extendido por las regiones con nuevas sedes regionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de sus gastos en recursos propios y se han endeudado grandemente con el sector financiero para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales. Por lo que se alega que el mayor problema es la carencia de un presupuesto estatal adecuado

De acuerdo al gobierno, define dos formas de aumentar el recurso para el sector educativo superior, la primera se determina de acuerdo al incremento del PIB; es decir que si es menor del 5%, si está entre 5 y 7.5% o es mayor del 7.5%, se aportarán adicionalmente el 30, 40 o 50% de ese incremento sobre la base presupuestal (art. 105), antiguo artículo 87 de la ley 30/92. Algo irrisorio según académicos del país, puesto que en el 2010 el incremento del PIB fue del 0.29%, el 30% es 0,087%. Con una base presupuestal de 2.2 billones en 2010 obtenemos $1914 millones para 32 universidades. Pero eso sí, explícito y claramente queda establecido que esos nuevos recursos no incrementan la base presupuestal (art. 104 y contradictoriamente el art. 106). Son $60 millones por universidad.

El PIB de Colombia en las últimas dos décadas jamás ha crecido más del 6.8%, en el mejor de los casos, asumiendo un crecimiento del PIB del 8%, los aportes adicionales serían el 4% de 2.2 billones o sea $88.000 millones ($2750 millones por universidad). Lo que significa en términos reales perjudicial para las universidades depender de un aumento del PIB para incrementar la base presupuestal girada por la nación.

La segunda forma otorga un aporte adicional de 1% en el 2012, 2% en el 2013 y 3% del 2014 al 2019 (art. 106). Corresponde a pesos de hoy a $ 22.000 millones para el 2012 ($ 688 millones por universidad), $44.000 millones en 2013 ($ 1375 millones/U), y 66.000 millones entre 2014 y 2019 ($2062 millones /U). En total son $462.000 millones en esos ocho años ($14.438 millones por universidad en ocho años). Aportes adicionales que no son significativos por la des-financiación del sector (Aristizábal, 2011).

No obstante, hay que decir que el gobierno pretende imponer también que esos recursos adicionales deben ser distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (art. 105), por lo que los rectores que hagan parte de esta institución tendrán más favorabilidad, sin embargo se deben abstener a que quien más matriculen más recibirá recurso.

Sin embargo, hay que advertir que la des-financiación de la Educación Superior pública en Colombia es notoria apte las propuestas del actual gobierno que desea mejorar la educación Superior, por lo que no se soluciona el problema estructural que existe hacia la privatización del servicio público.

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