Hace pocos días escuchamos al Presidente de la República informar al país que presentará al Congreso un paquete de medidas para combatir la corrupción y por lo tanto a los corruptos.
Una de esas medidas es la bancarización total del sistema de contratación con el Estado, de forma que todos los pagos a contratistas, así como los pagos de ellos a sus subcontratistas y empleados, se hagan por medios bancarios y nunca en efectivo. Nos sorprende la gran ingenuidad oficial sobre esta medida por dos razones fundamentales. La primera porque todos sabemos que ninguna persona corrupta va a pagar una coima o un soborno mediante cheque, transferencia bancaria o cualquiera operación que deje rastro con el que lo puedan descubrir, y segundo porque como están las cosas y por lo que uno observa se puede inferir el extraordinario cabildeo o grupo de presión ejercido por el sector bancario quien es a la postre el gran beneficiario de esa medida.
La literatura financiera presenta la bancarización como un indicador de inclusión social, por lo que bajo estricta metodología de mercadeo financiero pregona que es sin duda un ingrediente esencial del desarrollo económico y la reducción de la pobreza de los países; cuando tal parece que el cuento es al revés. De esa manera lo diagnostica la Asociación Bancaria cuyo objetivo asociado con los intereses tributarios del Estado pregona que el país es más importante si en vez de tener 22,6 millones de adultos que tiene una cuenta corriente, de ahorros, tarjeta de crédito o cualquier otro producto financiero, tuviera 30 millones; pero lo que no dicen es que entre más personas tengan esos productos los bancos e instituciones financieras ganan más comisiones.
En esa astuta y sospechosa estrategia debe estar participando toda la banca nacional, asesorada por el Banco Mundial quien con el ofrecimiento de créditos de libre inversión con aparentes bajos intereses intenta endeudar más a empresarios y ciudadanos, quienes a falta de ingresos, entre los cuales sobresale el desempleo, se ven obligados a recurrir al crédito bancario sin darse cuenta del tamiz extendido bajo el argumento del control a la corrupción.
En Colombia el indicador de bancarización se incrementó considerablemente con el programa Familias en Acción, pero aun así los bancos operadores de las cuentas de ahorros, se están quejando porque más de la mitad de dichas cuentas están inactivas, pues en la mayoría de los casos las familias retiran los recursos a las pocas horas de habérselos consignado, precisamente porque son muy pobres.
A diario se escuchan quejas de ciudadanos diciendo que si abren una cuenta de ahorros, su banco le cobra cuota de manejo o de administración, consulta de saldos, retiros y otras transacciones que ofrecen como servicios financieros; a cambio reciben un pequeño interés. En últimas el usuario sale perdiendo parte de su dinero.