Al mismo tiempo que el presidente Juan Manuel Santos, anunciaba ocho medidas para combatir la corrupción en el país, el Concejo Nacional Electoral lo citaba junto con Roberto Prieto -su gerente de campaña- a que explicaran sobre los US$400.000 que Odebrecht giró a su campaña presidencial. Paralelamente, la Fiscalía anunciaba imputación de cargos por el delito de fraude procesal a Roberto Prieto y la Procuraduría anunciaba los avances que va teniendo en la investigación de los $31.000 millones en contratos que le entregó el gobierno de su jefe. Claramente, nadie se tragó el cuento de ese anuncio del presidente Santos.
Al inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, también se comprometió a respetar la independencia y autonomía de la Justicia y durante estos últimos años no ha hecho otra cosa que presionar a las Altas Cortes y la Fiscalía en ciertos casos de su interés. Esta semana, por ejemplo, varios medios denunciaron un sospechoso pacto entre el mandatario y los partidos políticos de su coalición de gobierno, para que apoyen la elección de sus candidatas a la Corte Constitucional a cambio de la entrega de varios ministerios y entidades públicas.
El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos, nos anunció la necesidad de una nueva reforma tributaria para garantizar este año la alimentación escolar de 5 millones de niños, la salud a 5 millones de colombianos de escasos recursos, créditos de educación superior para 120.000 jóvenes y brindar la asistencia técnica a 2.7 millones de campesinos, entre otros programas de inversión social. Pues esta semana nos enteramos que piensa desviar 1.1 billón de pesos, para capitalizar por tercera vez a la fracasada e inviable empresa Colombia Telecomunicaciones y destinar otra gruesa suma de esos impuestos para financiar el improvisado proceso de desmovilización de las Farc.
También nos enteramos esta semana que el gobierno pretende derogar o modificar mediante el mecanismo del Fast Track, varias leyes y programas que no tienen que ver con la implementación del post conflicto. La Corte Constitucional ya les tumbó algunas decisiones, pero siguen cometiendo abusos con esas facultades otorgadas al presidente Santos.
Los proyectos de Ley de innovación agropecuaria y de adecuación de tierras por ejemplo, han sido redactados sin tener en cuenta las consideraciones de los gremios de la producción agropecuaria y en perjuicio del desarrollo productivo agroindustrial del país. Son tan incoherentes, que están tramitando dos esperpentos proyectos de ley. Uno que se llama ordenamiento social de la propiedad y otro que le pusieron el nombre de formalización y focalización de la propiedad rural. Ambos, contemplan la expropiación de tierras vía administrativa y la adjudicación de predios a grupos de población rural y urbana organizados bajo el esquema de las Zonas de Reserva Campesina, con control de los subsidios para asistencia técnica y capital semilla a través de las fracasadas y burocratizadas Umatas municipales. Bajo un esquema simular, se montaron Chávez y Maduro en el poder de Venezuela.
Ya tienen la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural al servicio de esta estrategia. Ahora van por el ministerio de Agricultura. ¿A quién creen que engañan?