Ahora que se habla tanto de la “vía rápida” (fast track) para implementar el acuerdo Santos-Timochenko, es necesario identificar las consecuencias que ese afán tendrá sobre las instituciones del país.
Quizás lo que mejor define dichas consecuencias es la expresión Crash, para seguir con el inglés. Su significado en español es múltiple y descriptivo.
Bloqueo del sistema, caída, chocar, choque, derrumbar, encontrón, encontronazo y precipitarse, son algunas de las acepciones que se encuentran en el diccionario.
Pues bien, ellas indican lo que sucederá en Colombia a raíz de la utilización de la herramienta que se inventó el Gobierno para hacer todo a la carrera, a fin de satisfacer las demandas de las Farc.
Con el propósito de darle vida a esa absurda creación, lo primero que se hizo fue acabar la división y el equilibrio de los poderes.
El Congreso resolvió que no importaba despojarse de la iniciativa legislativa en muchas materias, que era cosa de poca monta quedar sometido al poder de veto del ejecutivo, y que es un asunto menor otorgarle al Presidente facultades extraordinarias imprecisas.
Hablemos con claridad: el parlamento colombiano se suicidó, por lo cual hoy es un cadáver insepulto. Este es un precedente funesto.
Para bien del país tiene que ser corregido y deben tomarse todas las medidas necesarias, en busca de evitar que, en el futuro, se pretenda nuevamente acudir a semejante adefesio para atender las usuales urgencias del país.
Lo más grave es que el diseño de esa barbaridad constitucional se hizo para incorporar a la Carta las nuevas políticas públicas acordadas en La Habana, y con carácter pétreo, es decir, inmodificables.
El famoso Fast Track se está utilizando para derogar de un plumazo la democracia y la soberanía popular.
Qué otra cosa puede decirse, si los autores del monstruo se han dado a la tarea de notificar que los planes de gobierno de los próximos tres Presidentes ya quedaron definidos en Cuba.
Y, además, que nadie podrá tener el atrevimiento de tocarlos.
El mensaje consiste en que no importará el mandato que los ciudadanos les den a los jefes del Estado elegidos por ellos.
La colección de perlas no se agota todavía. Insatisfechos, a pesar del logro, los firmantes del acuerdo, con la complicidad del Congreso que tomó la determinación de suicidarse, pretenden impartir órdenes hacia el futuro a la Corte Constitucional.
Tienen decidido dejarles la instrucción a los magistrados de que lo que deben tener en cuenta, cuando se pronuncien mañana, es el texto de la constitución de hecho concebida en la isla de los Castro.
Así de claro y de grave es el asunto.
Vamos, pues, a quedar con dos estatutos, el del 91 y el de las 310 páginas que se están imponiendo. Esos pasos nos conducen a una democracia castrada y a un escenario de inseguridad jurídica peligrosa para la nación.
No todo está perdido. Para impedir el Fast Crash, hijo del Fast Track, está la voz del pueblo, que hablará claro en el 2018, así pretendan desconocerle la capacidad decisoria que tiene.