Entró en vigencia la Ley 1801 de 2016, el nuevo Código de Policía y convivencia ciudadana, en anterior código data de 1970, pasaron 46 años, para que el Congreso de la República se comprometiera en expedir una ley que propenda por garantizar la libertad de los ciudadanos, pero dentro del orden.
Esta nueva disposición legislativa aborda temas tales como el pandillaje, las chiquitecas, las ollas expendedoras de vicio, la vida en conjunto residenciales, la cultura de la mascota, los ruidos, entre otros, han delineado unas nuevas formas de vida y de relación entre los ciudadanos.
Según el diario El Tiempo en su edición del 8 de agosto de 2015, al mes de junio de ese año se registraban en todo el país 1725 muertes por riñas callejeras. En alguna oportunidad el observatorio de Medicina Legal determinó que entre 2004 y 2009, la tasa de lesiones personales por violencia pasó de 200 a más de 300 por 100 mil habitantes; los casos de violencia intrafamiliar están por encima de los 95 mil anualmente. Estas cifras son escandalosas.
Para nadie es un secreto que en Colombia afrontamos una crisis de autoridad. La autoridad familiar, autoridad escolar, autoridad policial son a diario cuestionadas, ridiculizadas y burladas. Esa crisis de autoridad, en cierta forma, es consecuencia de la nueva cultura jurídica que trajo consigo la Constitución de 1991, en el sentido de que esta norma superior desequilibró la correlación entre derechos y deberes ciudadanos, haciendo énfasis en los derechos y trayendo consigo insoportables abusos que hacen inviable la vida en comunidad.
Es cierto que muchas veces la autoridad puede desencadenar indeseables autoritarismos. Pero sin orden y autoridad es inviable la sana convivencia y el goce de las libertades.
La autoridad agoniza y es común en Colombia encontrar una justicia desprestigiada, pasajeros que se toman aviones, linchamientos en las calles, irrespeto a la autoridad y otros actos son síntomas de una sociedad amoral, egocentrista y doble moralista, una sociedad débil y un estado incompetente.
La Ley 1801 de 2016 pretende poner freno a quienes injustificadamente hacen del espacio público un negocio; a quienes destruyen los parques públicos, quienes lastiman con perros furiosos a las personas; a quienes hacen necesidades fisiológicas en lugares públicos; a quienes, sin importar el derecho ajeno, incomodan a todo el conjunto residencial con sus equipos de sonido a todo volumen. Además de que esta norma se propone controlar conductas como el uso de la pólvora, riñas en la calle, actos circenses en sitios públicos y se dotó de facultades para que agentes policiales puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia. Finalmente se establecieron, entre otras cosas, obligaciones como la de avisar cuándo se va a hacer una protesta social y que las autoridades la disuelvan cuando lo crean oportuno.
El nuevo Código fortalece las multas a quienes atropellen el derecho ajeno y atenten contra la tranquilidad pública. Estas multas van desde noventa mil hasta trescientos mil pesos. Como quien dice: “el que abuse de sus derechos y amenace la convivencia, debe alistar el bolsillo”. El Código también contempla la creación de centros de refugio temporal para habitantes de calle que se encuentren en un estado alterado de conciencia, entre otras regulaciones.
Es cierto que algunos se oponen a la aplicación de esta nueva ley de convivencia ciudadana. Por un lado, porque consideran que fortalece el abuso policial y que es peligroso darle semejantes atribuciones restrictivas a una Policía tan desacreditada como la colombiana. Y por otro, consideran que muchos de los procedimientos que prevé el texto de la ley resultan inconstitucionales, injustificados y desproporcionados, como quiera que sanciona el libre desarrollo de la personalidad, la protesta social y estigmatiza algunos grupos sociales como prostitutas, transexuales, tribus urbanas, afrodescendientes y gitanos entre otros.
En todo caso, si usted no se orina en la calle, recoge los excrementos de su mascota, no hace sus necesidades en sitios públicos, no agrede a la Policía, respeta el descanso de los vecinos, paga sus pasajes en el transporte público, no tiene porque preocuparle el nuevo Código Nacional de Policía.
Cristo nos redima.