Toda la atención sobre el impacto del nuevo Código Nacional y Convivencia “para vivir en paz” (Ley 1801 del 29 de julio de 2016) la centran los medios de comunicación en las multas a los ciudadanos (as), que no se ciñan a lo establecido en las 120 páginas y 243 artículos de la “bendita norma”.
“Estamos de medidas sancionatorias hasta la coronilla”, exasperado exclamaba el desprevenido transeúnte. Somos un país con solo 30 universidades públicas y 138 cárceles, de las cuales 129 registran sobrecupo, es decir, gastamos más en castigar que en educar.
Lo que significa que el trabajo para abogados y carceleros no para de crecer, gracias a que quienes nos gobiernan “tiraron (hace rato) la toalla” con respecto a lo de formar una ciudadanía con buenos hábitos, excelentes modales, responsable, que reconozca y valore sus derechos y exalte y cumpla sus obligaciones. Las medidas miden el grado de eficacia de su aplicación.
Hace menos de cincuenta años se expidió la Ley 1355 de 1970 (código anterior) que al parecer cumplió su cometido, solo que no incluía a los colados del sistema masivo de transporte urbano porque no había; catalogaba el ruido excesivo como perturbación y castigaba la infracción con represión en audiencia pública; únicamente amonestaba sin siquiera detener a peleadores callejeros y no incluía una descripción exacta del comportamiento ciudadano.
En cambio, el actual precisa como infracción al régimen urbanístico con medidas correctivas que van desde la multa, reparación de daños materiales a muebles e inmuebles y sanciones pedagógicas, según el tamaño del hecho o del aviso. Pero,
¿cuáles fueron los resultados tangibles de la aplicación de la 1355, línea base, indicadores y metas alcanzadas?
¿En cuánto disminuyeron los accidentes de tránsito desde que existen las foto-multas; en cuánto los homicidios, robos y atracos con el endurecimiento de las penas por vía de las reformas a los códigos y, en cuánto las violaciones, maltratos y abusos contra personas indefensas y en condiciones de discapacidad?
, para no mencionar sino esos tres acápites. Las cifras son reveladoras: el primer día de vigencia del nuevo código se impusieron apenas 800 comparendos pedagógicos en todo el país (en Santa Marta no alcanzaron los 40), de los cuales 537 (67,12 %) recayeron sobre personas que intentaron colarse en los buses del sistema masivo.
Es ridículo. Antanas Mockus desechó la premisa “la letra con sangre entra” como método para garantizar la educación ciudadana.
La revaluó por sistemas moderno de enseñanza, que le permitió al final de sus dos mandatos que el número de homicidios cayera en un 70 %, la mortalidad al volante en un 50 %, el gasto de agua en un 40 %, los ingresos por impuestos se triplicaran y las finanzas de la ciudad abandonaran los saldos en rojo, haciendo que Bogotá se sintiera como una ciudad con futuro, que viviera sin tanto miedo y con futuro.