¿Tacó burro el Consejo de Estado?

Como si no fueran pocas las dudas y la incertidumbre causada por el reciente anuncio de la Corte Constitucional, respecto a la refrendación popular para que el Acto Legislativo para la paz entre en vigencia, ahora el Consejo de Estado le metió basa al asunto. De hecho, un asunto fácil de resolver por la vía jurídica, en tanto y en cuanto los jueces fallen en derecho, va a terminar en enredos no imaginados por cuenta de la interpretación política que le están dando las cortes a la situación. Claramente el Consejo de Estado es competente para determinar la nulidad de una elección.

Y dentro del proceso de nulidad, también se debe pronunciar sobre las medidas cautelares y la suspensión provisional del acto administrativo, conforme el demandante lo haya solicitado. Pues bien, dos ciudadanos, Calvachi y Narváez, decidieron demandar los actos administrativos (actas de escrutinio) que dieron al NO como ganador del plebiscito. Según ellos, se ejerció violencia psicológica y se tergiversó la verdad, es decir, hubo engaño, lo cual causó miedo e indignación entre los electores, dando así el resultado conocido. Las pretensiones de la demanda, además de solicitar la nulidad de la elección, incluyen la insólita solicitud de que se ordene, si así lo considera el ejecutivo y el legislativo, la realización de un nuevo plebiscito para que se pueda dar una elección sin violencia. Como medidas cautelares se solicitaron: (i) la suspensión provisional de los resultados de la elección, en otras palabras, lo que traía y significaba el hecho de haber ganado el NO –que no entraba en vigencia el Acto Legislativo para la paz y por ello el “Fast Track”-, y (ii) una petición de orden al legislativo y/o a la Corte Constitucional para que inicien la implementación del acuerdo. La Consejera Ponente, en un esfuerzo de entelequia de 110 páginas, trata de convencerse, y convencernos, de que el fraude al sufragante incluye aspectos psicológicos y que, lo indicado por el Señor Juan Carlos Vélez, prueba un hecho notorio de manipulación y fraude al sufragante, masivo y sistemático, al haberse ejercido violencia psicológica, con una connotación “isotrópica” (asumo que quiere decir que afecto a todo y a todos), ya que se tergiversó y manipuló la verdad y, por ello, se les anuló a los sufragantes su libertad de escoger la opción para ejercer el derecho al voto. Considero que la argumentación no es más que una “cantinflada”. No es posible que con palabras rimbombantes y artilugios de lógica jurídica se pretenda darle alcance de fraude masivo y sistemático al sufragante a las declaraciones cíclopes y solitarias de Vélez y, en todo caso, que las estrategias o mensajes de campaña en un plebiscito, cuando son en realidad posiciones e interpretaciones políticas sobre el mismo futuro del país, sean calificadas como violencia psicológica al elector, sean consideradas como fraude electoral y tengan mérito suficiente para anular una elección, cuando además es la oposición la que ganó el debate electoral. Lo anterior no es más que una interpretación política, peligrosa y dictatorial, que además va más allá de lo que indica la ley. Si se trata de establecer quién manipuló y tergiversó, tanto así que tuvo que hacerle cambios a regañadientes al acuerdo, y que además usó recursos y empleados públicos para ello, la respuesta es que fue el Gobierno. Me pregunto: ¿Cuál hubiera sido la posición del Consejo de Estado si el SI hubiere ganado y estuviere demandada la elección? En todo caso, el Consejo de Estado ordenó avanzar con la implementación del acuerdo, para lo cual indica que el “Fast Track” está vigente. El problema para el Gobierno es que, si se decreta la nulidad de la elección, el acto complejo de refrendación popular que se inventó la Corte Constitucional, que termina con una decisión del Congreso de refrendación, quedaría en el vacío y no podría haber “Fast Track” sin un nuevo plebiscito.

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