Serias reflexiones deben hacerse sobre los efectos de decisiones tomadas por cualquier gobierno en su momento, para evitar, entre otras, que se repitan situaciones críticas causadas por hechos similares.
En 1998, el gobierno colombiano a través de sus ministros de Hacienda y de Minas y de la Directora de Planeación Nacional, puso en marcha el plan de privatizar las electrificadoras de la región Caribe, ante la inminencia de un apagón por las inmensas deudas que estas tenían con el sistema eléctrico nacional. Los problemas eran: mala gestión en el recaudo de cartera, deuda de las entidades oficiales, alto nivel de pérdidas técnicas y no técnicas por el mal estado de las redes, ineficiencias administrativas, alto endeudamiento e incumplimiento en los pagos. Adicionalmente ya se identificaba la llamada cultura del no pago en sectores amigos de los políticos regionales que controlaban las electrificadoras. Por todo esto el gobierno Samper privatizó hasta el 65% las empresas encargadas de este servicio, bajo el supuesto de que el sector privado internacional iba a ser mucho más eficiente.
Después de 18 años, 2016-1998, parecería que nada se mejoró y hoy se repite casi textualmente la historia. Se amenaza con un apagón en la región y las explicaciones son idénticas, como si literalmente se hubiesen perdido todos estos años. Sinceramente todo falló y así como antes, se echaba toda la culpa a los políticos de la Costa que habían hecho haches y erres en sus respectivas electrificadoras, ahora el foco está en Electricaribe. Y además con la amenaza de Fenosa, de la cual es parte, empresa española que tiene amenazado al Gobierno. Es decir, los usuarios de la región están en el peor de los mundos.
La responsabilidad de la repetición de la historia de 1998 es de todos. La Superintendencia de Servicios Públicos no ejerció durante estos años, el control que se requiere cuando el sector privado maneja actividades que afectan la vida de los ciudadanos. Fallaron los numerosos gobernadores y alcaldes costeños, que nunca se tomaron realmente en serio este problema del cual tienen su buena parte de culpa como, el no pago correcto por los servicios recibidos. Así mismo, no salen bien librados los usuarios de ingresos altos que apagan los contadores de energía apenas empiezan a funcionar los aires acondicionados, pero tampoco los sectores de barrios pobres y marginados con sus malas costumbres. Pero la empresa ya se pasó de límites y por muy extranjera que sea no puede salir olímpica frente a sus grandes fallas. El Gobierno Nacional y los de cada departamento, tienen que actuar ya, y si esto implica enfrentarse de verdad con los españoles, de malas. Eso les pasa por ignorar la historia.