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Escrito por:

Germán Vives Franco

Germán Vives Franco

Columna: Opinión

e-mail: vivesg@yahoo.com



Así se llama la investigación de la Fiscalía General que ha destapado una olla de corrupción sistemática en el departamento de La Guajira, y que ya tiene a varios en la cárcel.
No es coincidencia que La Guajira sea uno de los departamentos más pobres de Colombia después del Choco. Tampoco es coincidencia que esta olla de corrupción haya dejado 64 niños muertos de hambre, y por esto pienso que los cargos a los corruptos de La Guajira deben incluir el de homicidio. 64 niños muertos equivalen a masacre.

Y es que La Guajira, así como el Magdalena y los otros tres departamentos más pobres del país, hace rato son inviables. Cayeron en ciclos de corrupción sistemática que no les permiten reducir drásticamente los niveles de pobreza. Este ciclo perverso es un triángulo que incluye lo político y complicidad de la comunidad. Es bueno destacar, que en algunos de estos departamentos, hay municipios que funcionan bien, pero son más la excepción que la regla y además no sucede de forma sostenida. La sostenibilidad en el tiempo de las buenas prácticas, es necesaria para poder impactar positivamente a estas sociedades.

En el Magdalena, le formularon cargos al exsecretario de Educación del Departamento, y estoy seguro que es solo la punta del iceberg. El Magdalena, Córdoba, Chocó también tienen bolsillos de cristal. Y en todos estos departamentos es sistemático robarse lo público para financiar lo político, y así sucesivamente, y la única forma de romper este ciclo, es romperle el espinazo a lo político primero; es decir, no permitir elecciones populares en estos sitios hasta que se logren índices de pobreza razonables. Es absurdo devolverle a la clase política de La Guajira el control de los recursos públicos. La interinidad del Gobernador encargado debería volverse permanente, y suspender indefinidamente la elección de gobernador. Un pueblo tan pobre no tiene la capacidad de elegir libremente y mucho menos elegir buenos gobernantes. La interdicción debería extenderse a las alcaldías, la contratación pública, y a los órganos coadministradores como lo son concejos y asambleas. Alguna vez sugerí, que la elección popular solo debería darse solo en aquellas ciudades y departamentos que hayan logrado índices de madurez democrática.

En el caso de los dos departamentos más pobres de Colombia, Chocó y La Guajira, me surge la pregunta de si parte de su tragedia es causada por patrones culturales, como por ejemplo la mentalidad tribal. Tenemos que mirar este aspecto para valorar su incidencia real en la problemática socio-política. Entender como los patrones culturales impiden cambiar la cultura política.

Ni que decir que los dos departamentos mencionados son etnias olvidadas por el centralismo desde siempre. Son regiones dejadas a su suerte, y ha sido esa gran ausencia de Estado la que ha permitido que los fenómenos de corrupción, entre otros males, hayan alcanzado dimensiones vergonzosas.

Ojalá la intervención central se prologue y extienda, como es el caso de La Guajira, y en el de los otros tres departamentos más pobres, comience a darse. Si para entrar a la OCDE, Colombia debe cumplir con ciertos estándares, por qué no hacer lo mismo con los departamentos y entes territoriales en lo referente al ejercicio político. Como están las cosas, es preferible un gobernador o un alcalde nombrado a dedo desde Bogotá a un sinvergüenza elegido por votación popular. Tenemos que aceptar que hay situaciones que justifican hoy en Colombia la suspensión de la elección popular.


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