El acuerdo de desarrollo integral de tierras atenta contra la seguridad jurídica y la iniciativa privada, pues se pone a las Farc, verdugo del agro colombiano, como cogobierno en esta materia, llevando al país por el mismo camino de nuestros hermanos venezolanos, tal y como lo establece la “Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”, artículo 1.1, página 11 del acuerdo final.
Con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el Fondo de Tierras para la RRI y la Formalización masiva de la Propiedad Rural (puntos 1.1.1 y 1.1.5), durante los próximos 10 años habrá́ una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas.
Esto quiere decir, que el acuerdo estipula que deben entrar tres millones de hectáreas al fondo de tierras y que se titularían siete millones más de hectáreas, orientadas a aquellas áreas que piden las Farc y a su aspiración de las zonas de reserva campesina, las cuales dejarán de ser discrecionales y pasarían a ser obligatorias (Página 11 - Hacia un nuevo Campo Colombiano - Reforma rural integral).
¿Está usted de acuerdo con que se les quite la tierra a aquellos ciudadanos que han obtenido sus bienes con trabajo digno para ser entregadas a las Farc?
Es inaudito que el Gobierno Nacional acepte la expropiación de tierras por vía administrativa y sin etapa judicial, no debido, a que se incumplan las condiciones ambientales o estén inadecuadamente explotadas, sino porque las necesitan para el fondo de tierras, creando así una gran inseguridad para el sector del agro en el país.
Cabe resaltar que, actualmente a través de la Ley de Restitución de Tierras se le está quitando las propiedades a los campesinos sin dejarles posibilidad alguna de defenderse, entonces ¿Cómo será esto en un futuro cuando ya no se cuente con esa vía judicial?
Hay que recordar que así comenzaron Castro y Chávez y fueron ellos quienes pusieron a nuestros hermanos venezolanos y cubanos a aguantar hambre; estos dictadores acabaron con el empresariado del campo, después continuaron con la industria y el comercio, entre otros.
Es claro que Juan Manuel Santos negoció la política agraria del país con los narcoterroristas. Con lo que se acordó en La Habana se quitará la tierra a aquellos ciudadanos que han obtenido sus bienes con trabajo digno para ser entregadas a las Farc.
Hoy domingo tenemos la posibilidad de votar No, para que se corrijan los acuerdos y así podamos evitar que sean las Farc quienes definan no solo la nueva política agraria del país sino el nuevo modelo económico que nos pretenden imponer con este acuerdo perfecto para los terroristas, pero imperfecto para el resto de los colombianos.