No alcanzó el tiempo para tratar el Punto 6 y los Anexos. Me limitaré en esta última columna, antes del plebiscito, a analizar el Acuerdo de Víctimas. Si los puntos 1, 2, 3 y 4 contenían asuntos cuestionables e inaceptables, el Punto 6 no deja duda de que el Estado se rindió a las Farc. El Gobierno y las Farc han indicado que esta paz se centra en las víctimas.
No obstante, la lectura devela la realidad: el centro neurálgico del acuerdo es, por el contrario, las garantías de tipo penal para los miembros de las FARC. Básicamente, se les perdona su prontuario delictivo con un sistema engañoso y retórico, basado en “principios” que se enuncian, pero no se cumplen en su integridad, y que son: verdad, justicia, reparación y no repetición. Así, se establece una comisión de la verdad para saber qué pasó y promover la convivencia y la reconciliación. Esta comisión terminará siendo un sicólogo e historiador colectivo para aliviar la carga emocional de las víctimas y facilitar la reconciliación. Pero mucho me temo que será utilizada por las FARC para justificar históricamente sus conductas y para asignar parte de la responsabilidad histórica a los agentes del Estado y a terceros.
Se crea una jurisdicción especial para paz, por fuera de la jurisdicción ordinaria y superior a ella, lo cual es un atropello a la institucionalidad. Los jueces serán nombrados por un mecanismo “paraestatal” con la participación de entidades foráneas. Si ello fuera poco, tendrá jueces extranjeros. La jurisdicción violará los derechos humanos, como el juez natural y la cosa juzgada. Impedirá, además, el desarrollo integral de los derechos fundamentales conforme a nuestra CP, al no prever el uso de la acción de tutela y no contemplar la doble instancia. Es un foro de atracción que cumplirá las funciones de absolución de las Farc y una máquina trituradora, de quienes se defendieron de las Farc, incluso de manera legítima. Se hará una masiva amnistía e indulto para todos los delitos políticos y conexos, incluido el narcotráfico.
Se establece además la insólita garantía de no extradición, la cual incluye a los familiares de miembros de las Farc. Para los delitos graves o de lesa humanidad, que podrían ser criminalizados en la Corte Penal Internacional, pero había que hacerle el quiebre a su jurisdicción, se establece que, si hay reconocimiento, se aplicarían penas de 5 a 8 años de “restricción efectiva de libertad y derechos”, lo cual no es prisión o cárcel.
Si se inicia el proceso y se reconoce la responsabilidad antes de la sentencia, en ese caso se aplicaría la misma pena, pero con mayores restricciones de libertad que cuando hay reconocimiento, pero no queda claro si es cárcel. Si la participación no es determinante, la pena iría de 2 a 5 años. Finalmente, si no reconocen responsabilidad y hay sentencia, las penas serían entre 15 y 20 años de cárcel, pero con los beneficios o subrogados penales que fuere aplicables. Para aquellos que reconozcan su responsabilidad, como parte de las sanciones y/o reparación, podrán presentar un proyecto individual o colectivo de trabajos, obras o actividades reparadoras o restaurativas.
Suena esto más a una manera de hacer política que de reparar a las víctimas. Todo esto es irrisorio, mueve a la risa o mejor es la burla al país, sus instituciones y sus ciudadanos. En realidad, aparte de las intenciones de las Farc para hacer trabajos que beneficien a las comunidades, como parte de la reparación de las víctimas, el asunto se maneja en el acuerdo de una manera inconveniente.
Las FARC, de victimarios, pasarían a ser redentores y proveedores de soluciones a la comunidad, como parte de su obligación de reparar, y con todo el aparato estatal a su servicio, en aras de la paz y la reconciliación. El Gobierno, por el contrario, queda con la carga de fortalecer y pagar las indemnizaciones por daños y perjuicios a las víctimas.
Todo ello porque el acuerdo incluye la impunidad de las FARC en la reparación efectiva de las víctimas ¿Para qué se quiere saber qué pasó si no hay justicia y no se repara por parte de los victimarios a las víctimas? La verdad debe ir acompañada de penas efectivas, no de penas acomodadas, y de reparación efectiva de quien causó el daño, no del Estado. Finalmente, no queda más que indicar que un país sin justicia es un país sin futuro y no es un país viable, conforme a que los mensajes al colectivo son: “el crimen paga” y “delincan que no pasa nada”.
Recordemos que en la teoría del Estado, los particulares rinden su derecho a hacer justicia por su propia mano al Estado y, así, queda el Estado encargado de hacerla. De esta forma, si no la hace, los particulares, que sientan su derecho a la justicia burlado, podrían realizar e, incluso, sentirse legitimados para hacer, justicia por su propia mano. Eso no lo podemos permitir. La única manera de que tengamos una paz estable y duradera es hacer una paz con justicia. Por eso y lo que ya he dicho en otras columnas votaré NO el próximo domingo.