Los datos en materia administrativa pública, sean cuales fueren, por sí mismos no dicen mucho y menos cuando provienen de la administración imperante,
El tema de los buenos o malos gobiernos tampoco debe hacerse de manera simple, toda vez que tal calificación está copada por mil y más variables: disparidades, inequidades y desigualdades que crecen. Corrupción galopante, así como disconformidades, discrepancias y diferencias, que dan al traste cualquier proceso democrático, sobre todo, cuando el mismo no está nutrido como debería y tendría que ser, de una amplia participación democrática activa por parte no solo de la ciudadanía y comunidad entera sino de las distintas fuerzas vivas actuantes e interactuantes en el territorio.
Llevaría lo cual a entender con mayor propiedad y conocimiento de causa, que hay además que enfrentar un grave problema político-social, como es la impunidad que estimula a los poderosos a seguir; y como alguien dijera, es la ruta antigua de los perversos. Otro aspecto es la lucha entre intereses, en la que los resultados se resuelven casi siempre a favor de quien puede concitar para sí poderosas estructuras y la mayor cantidad de recursos de toda índole, que le terminan garantizando a la postre su victoria. La impunidad, como también se sostiene, es soplo que alienta el fuego de los asesinos, de los corruptos y de todos aquellos que están dispuestos a todo, mientras las consecuencias a enfrentar sean mínimas.
Obliga lo dicho, a ahondar en las causas de la poca participación ciudadana, a efecto de potenciar activamente la democracia y fomentar su vinculación en los asuntos públicos, aumentar la cultura política, dejar de lado la apatía a este tenor, hacer que los ciudadanos se decidan a intervenir, generar acciones que tiendan a poner en tela de juicio el orden establecido; procurar canales efectivos para expresar las demandas contenidas, asumir actitudes de inquietud para cambiar su situación. Auspiciar la participación social y construir un pluralismo político, en un contexto democrático, en lo que necesario será superar los obstáculos de autoritarismo de los gobiernos, educar y capacitar a la sociedad en una cultura de participación social, para tener en lo posible una base societaria crítica, propositiva y responsable, con nuevas formas incluyentes de administrar y gobernar. Igualmente, definir una agenda de cambio político-administrativo con procesos sustentables basados en la democracia, equidad y valores, sin hacerle el juego a las siempre perniciosas prácticas demagógicas.
Urgente y prioritario a todas luces, entender que las circunstancias sociales influyen en estimular o inhibir las actitudes de la sociedad en involucrarse en los asuntos públicos y que el grado y la forma de participación política de los ciudadanos deberán estar significativamente influidas por sus circunstancias sociales en contexto de control social donde el protagonismo deberá recaer en la ciudadanía y comunidad en general.