De La Habana viene un barco cargado de … (punto 2)

Este punto es de la participación política de las Farc que titulan: “Apertura democrática para construir la paz”.

Llama la atención que, conforme a esto, Colombia no es un país “abierto” a la participación política y requiere una “apertura” (premisa falsa) y que esa apertura se pacta en un AF con un grupo muy minoritario, al que se le dan concesiones especiales y exorbitantes, en contravía del principio democrático de representatividad y a un proceso de votación. Así, para que lo tengamos claro, se trata de facilitarle a las Farc la entrada a la política y, por ello, de La Habana viene un barco cargado de muchas concesiones que violan los principios de igualdad y de representatividad. Al final lo que se pretende es fortalecer a las Farc para que sean “verdaderas alternativas de poder”. Se pretende que haya una distribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y acceso a canales y emisoras a nivel nacional y regional por parte de las Farc, lo cual se concreta en otros puntos del AF. Se pretende una transición de 8 años que crea 16 circunscripciones especiales, pero en ellas no pueden participar partidos políticos que tengan representación en el Congreso. No nos engañemos, estas circunscripciones serán micro Estados controlados por las Farc. Igualmente, los habitantes de esas circunscripciones podrán también votar en la circunscripción regular de la Cámara de Representantes. Al momento no hay definición de donde serán esas circunscripciones, pero serán donde sea conveniente para las Farc. El AF también establece que se debe modificar la Constitución en lo referente al umbral. Es decir que, gracias a la necesidad de acomodar a las Farc, volveremos a las micro empresas electorales. Causa curiosidad que el AF incluya la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que de garantías a las Farc (algo razonable), pero se indique la necesidad de aumentar las penas de los delitos que se cometan contra quienes ejercen la política y la capacidad institucional para combatir la impunidad. Igualmente, se establece una comisión de seguimiento y un comité de impulso para que se adelante el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atenten contra quienes hagan política. No se sabe qué es esto, ni quiénes las integrarán, y pueden terminar siendo entidades por fuera del marco institucional y con agendas politizadas. Se pretende también una reforma al régimen electoral, conforme a lo que diga una comisión de expertos. Se incluye la creación de un tribunal de garantías electorales a nivel nacional y seccional. Lo más insólito son los Consejos Territoriales de Planeación que se crearían, que pretenden hacer participativa la planeación y construcción de los presupuestos de gasto regional para tener influencia en las decisiones administrativas. De nuevo, esto es una construcción fuera del marco institucional que podría quitarles funciones a los entes y funcionarios departamentales y municipales, que se eligen con planes y programas de gobierno. Finalmente, se incluye la necesidad de hacer una transformación estructural de la cultura política, lo cual además se complementa con mecanismos para hacer pedagogía y didáctica del AF a las comunidades y todos los niveles del Estado. Se complementa esto con veedurías ciudadanas para la implementación y rendición de cuentas del acuerdo, que no se sabe como funcionarán o como serán, pero de nuevo, se trata de construcciones por fuera del marco institucional. La reflexión que surge es que las políticas públicas y las leyes que las implementen se deben dialogar, concertar y establecer dentro de un marco institucional, con los actores legítimos de la política, y no con un grupo al margen de la ley en La Habana, lo cual solamente servirá como reivindicación y justificación de 50 años de barbarie.

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