La naturaleza por decreto

Santos hizo lo que debía: esperó a que Gina Parody recibiera todo el peso del lío en el que ella solita se metió, y luego la desautorizó públicamente (aunque se haya querido disfrazar el hecho de simple “corrección” presidencial) basado en el incontestable, casi que sagrado, sentir popular.

Porque, uno, fue una desautorización en toda regla entrar a definir que en Colombia no se va a llevar a efecto ninguna estatal ideologización de género con los menores de edad en los colegios; y, dos, al pueblo hay que respetarlo, aunque no se lo quiera, hay que respetarlo. A mí me ha costado escribir esta columna, y Dios sabe que me duele estar de acuerdo en algo, lo que sea, con individuos como el procurador o Uribe, pero, entre dos intolerancias, me tengo que quedar forzosamente con la menos arrogante –la menos fantasiosa- de ellas. Es cuestión de sentido común. Y, otra vez, de respeto.

Me explico. Bajo el derecho internacional, los Estados son libres de aplicar los tratados multilaterales de derechos humanos en sus territorios de acuerdo con la discreta reserva que implica en la práctica el llamado “margen de apreciación nacional”, esto es, la posibilidad de adaptar adentro lo adoptado desde afuera a partir de las propias características culturales. Definir cuál es la cultura de un país, y, por ende, cuál debe ser la “apreciación” que se puede realizar interiormente es trabajo de campo del respectivo Estado: no lo pueden definir solitos, en sus despachos, los detentadores del poder público. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Educación, presumiblemente en cabeza de su titular, Parody, por más que ella haya insistido en que no, no..., a nadie se le iba a imponer nada, y que las tales cartillas eran solo orientativas, y que las Naciones Unidas estaban detrás de todo, y que cada colegio era autónomo en la integración de esa información en sus manuales de convivencia, etc.

La verdad la sabemos todos ya: el activismo Lgbti del Ministerio de Educación estaba aprovechando, callada y abusivamente, la oportunidad dorada que la Corte Constitucional (en debido cumplimiento de sus funciones) le dio. La orden del máximo tribunal constitucional era una: mejorar los manuales de convivencia colegiales para prevenir y sancionar el matoneo a los homosexuales; no era, para nada, sembrar ideologías de última generación europea y yanqui en menores que ni conocen la palabra ideología. Eso es injusto y desleal, a más de estúpido. Pues, entre otras cosas, con esto se ha vuelto a evidenciar uno de los peores rasgos de los colombianos, digamos, ilustrados: eso de querer ser más papistas que el papa, esa ridiculez congénita de pretender mostrarse más modernos y sofisticados de lo que realmente son: esa vanidad de querer imponer sus recién aprendidas ideas cuasi-liberales (en algún viajecito, o en Facebook) al resto de un país que desdeñosamente ven como atrasado. Si así lo ven, tal vez es porque lo estamos, pero incluso eso lo ha de haber decidido la propia Colombia.

Es lo que ha pasado con las por las malas lenguas llamadas “feminazis”, quienes parecen odiar lo masculino nada más por serlo, y no solo al machismo, como debería ser (son los inaceptables extremos de la intolerancia, cultivada por tantos que no han sido tolerados, es cierto). Y es, también, el efecto perverso del “liberalismo” a la fuerza: trumps, uribes...; es decir, el fortalecimiento de liderazgos políticos que saben enfrentar efectivamente –y redituarlo- el discurso por muchos aplaudido de la contra-imposición, o sea, el de los que creen que pueden cambiar la realidad vía decreto.

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