La gobernación del Magdalena y los DD-HH

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Escrito por:

José Manjarrés Fontalvo

José Manjarrés Fontalvo

Columna: Opinión

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Colombia está a un paso no muy lejano, de acabar con la guerra fratricida que por más de medio siglo le ha hecho tanto daño a la sociedad sin distingue de clases en las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, entre otros, y que no queremos, los amantes de la paz y la justicia social, que se vuelvan a repetir; hoy aspiramos resaltar y ponderar los esfuerzo que ha venido haciendo el actual Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.


Primero con la expedición de la Ley 1448 de 2011 (víctimas y restitución de tierras) y los Decretos Ley 4633. 4634 y 4635 del mismo año. Segundo, su equipo negociador concentrado en sacar adelante los acuerdos con la Farc en La Habana, compromisos que tienen como ingredientes el respeto y defensa por los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno, responsabilidad que, si bien es cierto, debe ser abanderada por el Gobierno Nacional con base a lo que señala el artículo 22 de nuestro Estatuto Supremo, también deben estar comprometidos la sociedad y los entes territoriales.

Hoy podemos decir sin temor a equívocos, que con gran acierto y tino así lo entendió y lo aplicó la Gobernación del Magdalena, cuando al revisar con mucho detenimiento y entendimiento su Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016- 2019 no hay, no existen ningún programa o subprograma que no lleve la impronta de lo Social es la Vía; pero con las manos entrelazadas en respeto y defensa de los Derechos Humanos, está tanto el desafío, reto y compromiso de la gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, que le dio vida social creando la Oficina de Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, que tendrá tareas inaplazables. Entre esas, coordinar de manera armónica y articulada con las demás entidades del Estado para su cumplimiento del objeto y los fines previsto en la Ley de 1448 de 2011.

Coordinar y apoyar la gestión ante el gobierno Nacional para garantizar la protección de los grupos de personas expuestas a mayores riesgos de violaciones de derechos humanos y fundamentales (niños, niñas, adolecentes, mujeres, adulto mayor). Implementar, ejecutar y coordinar con el departamento, los programas, planes y proyectos que, con ocasión de las conversaciones y acuerdos entre el Gobierno y organizaciones armadas ilegales, se diseñen para la construcción de la paz, reconciliación y atención del posconflicto.

Orientar y asesor a las víctimas del conflicto armado interno en el Magdalena frente a las rutas de acceso e instituciones, a través de las cuales se garantizan medidas de atención inmediata acordes a los hechos victimizantes delineados en la Ley 1448 de 2011. Brindar asistencia técnica a las alcaldías de los municipios del Departamento, en la implementación de las políticas nacionales regionales para la consolidación de la paz en el marco del posconflicto. No nos cabe la menor duda que con la trayectoria política social, que siempre ha caracterizado a la Gobernadora, las víctimas y las personas con mayor grado de vulnerabilidad serán los primeros.

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