Decir que la tecnología informática está cambiando el mundo tal cual lo conocemos no es una exageración. Es más, podría afirmarse que esta es realmente la palanca que decía Arquímedes necesitar para mover al mundo. Hoy nadie duda que la Internet ha revolucionado la forma en que nos comunicamos e interactuamos unos con otros. Dando por descontado todos los beneficios que se obtienen del uso de la tecnología informática, quiero enfocarme en los retos que ésta plantea para los gobiernos, para las compañías y en general para la actividad económica.
No está distante el día en que alguien decida quebrar a X ó Y compañía por razones válidas o fútiles o sólo por experimentar o porque no tenía nada mejor que hacer. Por ejemplo, alguien podría decir, ya que hoy Facebook vale tantos miles de millones de dólares, veamos si podemos hacer que no valga nada en quince días; y haciendo uso de la internet invita a todos a cerrar sus cuentas de Facebook. O se haga lo mismo con un banco o una compañía manufacturera. Y para ilustrar el peligro, digamos que no se alegan razones que no constituyen delito (pánico económico).
¿Qué hacer ante una situación de estas? ¿Qué le es lícito hacer a los gobiernos? ¿Qué le es lícito hacer a las compañías? ¿Qué sucede si la persona no está físicamente en el país donde se ocasiona el perjuicio?
Ninguna de las preguntas planteadas tiene una respuesta fácil. Sin embargo, es bastante diciente que el gobierno de los Estados Unidos esté considerando la opción de tener un botón de pánico para suspender el acceso a la red en todo el país para responder a ciertas situaciones, aún no del todo entendidas.
Tal vez los que mejor han reconocido la potencial amenaza, aunque por razones equivocadas, que presenta la tecnología son los países totalitarios, y es por eso que hacen grandes esfuerzos por censurar, controlar o negar acceso al internet. Venezuela en la medida en que profundiza su totalitarismo, restringe cada vez más el acceso libre al internet. Los regímenes totalitarios saben que su poder depende de su capacidad para mantener una sociedad fraccionada, que no pueda ni coordinarse ni cohesionarse, y así impedir que logre unidad de propósitos que coloquen en peligro la supervivencia del régimen.
Este auge de la tecnología informática debería abrir prontamente una discusión sobre hasta dónde llegan las libertades ciudadanas, qué nuevas responsabilidades tienen los ciudadanos y si se deben crear nuevos delitos que antes de esta tecnología no existían. En el caso de Wikileaks, los Estados Unidos se abstuvo de pedir en extradición a Julian Assange porque no encontró en la legislación el tipo penal que le permitiera llamarlo a juicio por terrorista. ¿Deben crearse delitos únicamente basados con base en los daños ocasionados y no en la punibilidad de la conducta? Algo así como delitos objetivos.
No tengo la respuesta, pero sé que hay que iniciar el estudio lo más pronto posible. Me queda la sensación que las normas que se hicieron cuando no disponíamos de la tecnología de que hoy disponemos, se han quedado cortas e insuficientes. No debemos esperar a que don nadie desde ningún lado, quiebre a una compañía importante para sentarnos a pensar sobre estos temas. El desafío de la tecnología demanda una actualización normativa a nivel global, con unos mecanismos de control mucho más eficientes que alerten tempranamente sobre acciones potencialmente dañinas y que permitan orquestar una respuesta contundente a las mismas.
La pregunta de fondo para los gobiernos ya no debe ser si censuramos o controlamos sino que tanto. El acertijo a resolver es en donde termina la libertad y en donde comienza el delito. Nada más y nada menos que la redefinición de las fronteras de la libertad del ciudadano global en el mundo virtual.