El Congreso y la paz

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Escrito por:

José Manjarrés Fontalvo

José Manjarrés Fontalvo

Columna: Opinión

e-mail: jomafo1959@hotmail.com



Este 20 de julio del año que avanza nuevamente se reúne el Congreso de la Republica de Colombia en pleno, para iniciar las sesiones ordinarias donde además de elegir juntas directivas, secretarios y comisiones, tienen sus miembros la gran responsabilidad de apoyar y aprobar todas la normas que vayan en beneficio del proceso de paz:
programa bandera del presidente Juan Manuel Santos Calderón, es importante resaltar y ponderar todo el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno en avanzar en los acuerdos de paz realizado en La Habana Cuba con la Farc E.p, compromiso bilateral que han tenido una gran connotación muy asertiva en donde las comunidades internacionales han visto y aprobado con seguridad que estos van a ser muy importantes no solamente para Colombia si no para el mundo, somos del criterio en nuestra condición de amante de la paz y la justicia social, que el país necesita del apoyo de todos los colombianos y colombianas en darle un respaldo al actual gobierno para que así se le dé cumplimiento a lo que señala el Artículo 22 de nuestros Estatuto Supremo que nos enseña” La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; pero de manera muy especial queremos hacer énfasis en dos organismo estatales que tiene una responsabilidad directa en el proceso de la Convivencia Pacífica que se avecina, el primero de ellos tiene que ver con la escogencia del nuevo Defensor del Pueblo por parte de la Cámara de Representantes para el próximo cuatrienio donde este ciudadano llevará todo el peso de la Defensa, orientación, acompañamiento y Representación de todas las Víctimas del Conflicto Armado Interno; a que no se le violen sus derechos en materia de DD-HH y DIH y se abrogue el derecho consagrado en el Artículo 283 de la Constitucional Política Nacional donde le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y divulgación de los Derechos Humanos en concordancia con la Ley 24 de 1992, la otra institución tiene que ver con la elección por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia del Fiscal General de la Nación, donde así mismo, tiene una responsabilidad en darle aplicabilidad a la Justicia Transicional, es que no es más que hacer referencia a los mecanismos que busca garantizar un balance entre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con aquellas medidas que tienen como objetivo, hacer posible la terminación del conflicto armado interno y el tránsito hacia una paz duradera, como también el puente entre el pasado de violaciones y conflicto y un futuro de paz y democracia en donde se respeten los derechos humanos.

Razón valedera para invitar al Gobierno, Congreso y Corte la escogencia de mujeres y hombres comprometidos de hacer respetar estos derechos y consolidar una reconciliación y conciliación que nos conduzca la lograr la paz.


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