Las tertulias con amigos santistas siempre terminan en lo mismo: sin diálogo.
Se les trata de explicar lo que significan los acuerdos de La Habana y la manera como ellos se van a blindar, indicándoles lo que está pasando y explicándoles lo que podría pasar. Los santistas (o los idealistas de la paz), en lugar de escuchar, ripostan con el ideal de la paz “per se”, es decir, la paz por la paz, porque con ello el país se evita muertes, secuestros, actos terroristas, cultivos ilícitos, etc., y que no existe alternativa diferente a firmar. Si se les critica el fondo y la forma de los acuerdos, y lo que se está entregando, el argumento de riposta de la gran mayoría siempre es el mismo: los uribistas cambiaron el articulito, si fuera Uribe el Presidente no habrían peros, Santos puede hacer lo mismo en aras del bien común (cambiar articulitos), con los paramilitares también se negoció, nos blindamos todos y no firmar es volver a la guerra.
Algunos más analíticos, además de repetir lo anterior como si fuera un credo partidista, argumentan y explican los beneficios que traería la paz desde el punto de vista social y económico, de esta paz, que no es perfecta, pero que hacerla así, aunque con concesiones y riesgos, es mejor que no hacerla. Y ese es precisamente el punto. No se trata de indolencia o intolerancia de los uribistas, se trata de una posición crítica al proceso y el precio de la paz, lo que el país está dispuesto a dar y a sacrificar.
Millones de colombianos pensamos que se les están dando concesiones injustificables a las Farc y que, esas concesiones, implican desdibujar la institucionalidad y facilitar su accionar político y la imposición, en un futuro no muy lejano, de su modelo político, económico y social. Lo que está en juego va desde elementos simbólicos, hasta cambios en la estructura misma del Estado (la justicia y el orden constitucional), la elegibilidad política, las penas, la entrega de las armas y de los capitales e, incluso, el desarrollo rural.
Permitir, por ejemplo, que las Farc no entreguen o destruyan las armas, sino que con ellas hagan un monumento, puede ser una discusión nimia, pero para las Farc implica la justificación de su lucha armada y su reivindicación política y la equivocación histórica del Estado, con el consecuente aprovechamiento de ello en la política del postconflicto.
De especial consideración es el hecho de elevar los acuerdos al bloque de constitucionalidad, lo cual implicará que las leyes y decretos, vigentes y futuros, deberán estar en consonancia con los mismos y, si no, serán declarados inexequibles.
Y así podríamos analizar el fondo y la forma de los acuerdos, para llegar a la conclusión de que todo tiene un precio e implica un consecuencia en el futuro. La discusión, por lo tanto, debe estar enfocada en el precio de la paz (de esta paz Santos) y sus consecuencias; si las concesiones son aceptables para la sociedad y si ellas implican o no consecuencias futuras, respecto a la posibilidad de un cambio inaceptable o un mejoramiento del actual modelo político, económico y social.
La pedagogía tanto de Gobierno como de la oposición debe ser esa. Los santistas idealistas, o aquellos que son santistas porque son anti-uribistas, e incluso los santistas de pura raza (que hay pocos), deberían analizar lo bueno y lo malo de los acuerdos para determinar si quieren correr el riesgo de una paz con impunidad, con monumentos a las Farc, con capitales lavados, con participación política de los cabecillas y con los acuerdos finales siendo parte del bloque de constitucionalidad y lo que ellos digan finalmente.
Justificarlo todo, por la quimera de la paz, sin hacer éste análisis, es obtuso e irresponsable.