La situación carcelaria en nuestro país exige pasar del simple debate a la acción.
Una de las razones de ser de los congresos es ejercer control sobre la gestión del Gobierno, es decir, vigilar el actuar de los funcionarios del Estado en el cumplimiento de las leyes y de la Constitución.
Semanalmente hay citaciones y debates de control político, pero su efectividad no deja de preocuparme porque además de que los ejercicios de fiscalización se repiten, no pasa nada más y la problemática perdura. Un ejemplo de ello ha sido el recurrente debate para analizar la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.
Según reporte de la sección de relatoría del Senado, el primer debate que se hizo sobre el tema carcelario fue el 5 de mayo de 1998 y a la fecha la situación no ha mejorado. El Congreso lleva citando a funcionarios sin resultados aparentes. Nada ha cambiado y todo está peor.
La situación es siempre la misma: el hacinamiento, las enfermedades y la deficiente atención primaria de salud a los presos no solo se mantienen, sino que se agravan. De hecho, de los 16.045 internos que están recluidos en las cárceles en la Costa, 524 sufren de varicela, tuberculosis, SIDA y enfermedades psiquiátricas. En la cárcel La Vega de Sincelejo, por ejemplo, hasta el 7 de marzo de este año se reportaban 180 casos reportados de varicela por contagio.
La delincuencia en las cárceles aumenta y de igual manera la necesidad de reestructurar el Inpec y acabar con la corrupción de sus funcionarios. La función resocializadora de la pena no existe, parece función “criminalizadora”.
Todos estos problemas suficientemente diagnosticados, a lo largo del tiempo, no han tenido remedio alguno. Algunas cifras: entre enero de 2014 y marzo de 2016, el índice de hacinamiento de la población privada de la libertad, en los 136 establecimientos de reclusión, pasó de 52,9 % en 2014 a 53,9% en 2015, y en lo que va corrido de 2016 el promedio es de 55,5%.
Es momento de trazar políticas claras que ofrezcan una solución pronta y eficaz al problema carcelario. Empezando por la política criminal y la cárcel como última ratio. Los colombianos necesitamos que a nuestros presos se les garanticen condiciones dignas de reclusión, que se invierta en la infraestructura de todas las cárceles del país, que se promueva la profesionalización de los guardas penitenciarios, y que se procuren para ellos mejores salarios. Las cárceles no pueden convertirse en el vehículo de la impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos.