Los acuerdos y la política en el posconflicto

Los acontecimientos nos están atropellando y parecería que ya nada trancará a Santos en su empeño de paz a cualquier precio. De hecho, en su afán de firmar la paz con las Farc, está empeñando al Estado colombiano. Finalmente, lo que ocurrirá es que los acuerdos pavimentarán el ascenso de las Farc al poder y facilitarán un gobierno antidemocrático. Muchas personas creen que quienes piensan así son exagerados y son enemigos de la paz. Indican que no quieren la paz per se. Incluso, indican que quieren conservar el estatus quo y que están echando por la borda un momento histórico e irrepetible. Considero que ello no es así.

No podemos dejar a un lado los principios democráticos y la seguridad jurídica y facilitar la instauración futura de gobiernos antidemocráticos por no respetar la institucionalidad. Precisamente lo que pretenden los mal llamados “amigos de la guerra” es ser “amigos de la democracia y la institucionalidad”. Las Farc y el Gobierno, de espaldas al país, han estado enfrascados en unos diálogos por más de 3 años. Y estas partes, lentas, pero irremediablemente, van a llegar a unos acuerdos. El asunto no es necesariamente el contenido textual de los acuerdos, sino además la posibilidad de que ellos se extiendan a otros asuntos de la vida nacional y como los mismos, quedarán “grabados en roca”. Las Farc lo tenían claro desde un principio: usar un lenguaje gaseoso y extenso en los acuerdos para que dieran para mucho más de lo que dicen e incorporarlos a la Constitución Política. Y lo que pretendían era hacerlos parte del bloque de constitucionalidad, para que los mismos quedaran a la par, inclusive, a los tratados de derechos humanos. Y esto no es de poca monta y reviste el mayor peligro. Es una conquista trascendental que significa, ni más ni menos, haber doblegado al Estado colombiano, con la anuencia fatídica del gobierno Santos, para finalmente conseguir el poder. Recordemos que los 5 puntos en la agenda, de los que conocemos los títulos y/o los textos de los acuerdos parciales (nada está acordado hasta que todo esté acordado), incorporan asuntos de víctimas y verdad (justicia), desarrollo agrario integral, participación política, narcotráfico y cultivos ilícitos y fin del conflicto. Y lo que deberíamos entender, pero parece que no lo hacemos, es que todos los decretos con fuerza de ley expedidos por el Presidente, en desarrollo de las facultades antidemocráticas que se le van a otorgar, o las leyes que expida el Legislativo, incluso los actos legislativos de modificación de la Constitución Política, no solamente deberán estar en consonancia textualmente con los acuerdos, sino que deberán estar en consonancia con el propio espíritu de los mismos. En otras palabras, los acuerdos serán norma de normas y dictarán el curso de la política pública en cada una de las materias (y en otros asuntos por extensión) por los años venideros. El Estado colombiano estará sujeto a una camisa de fuerza, en la forma de unos acuerdos pactados a espaldas del país, y que posiblemente serán refrendados con una pregunta de “sí o no”, con un umbral hecho a la medida. La Corte Constitucional, sí hace su tarea de manera prolija, deberá objetar por inconstitucional, sea de manera directa, o indirecta por “sustitución de la Constitución”, cualquier ley o acto legislativo que no esté conforme a los acuerdos, sea de manera textual, o incluso en su espíritu. Igualmente, se podrá demandar, por parte de los reinsertados de las Farc, cualquier ley o decreto, actualmente vigente, que esté en contra de lo establecido en los acuerdos. También podrá la Corte Constitucional legislar, como es su tradición, si el Legislativo o el Ejecutivo no los implementan. Tendremos lo peor de lo peor en la política del posconflicto, lo cual será la institucionalidad al servicio de los terroristas reinsertados, en desmedro del grueso de los ciudadanos, lo cual permitirá el ascenso al poder de las Farc y la instauración de un gobierno antidemocrático.

Plugin Commentarios de Facebook