¿Carrusel de la prosperidad?

Columnas de Opinión
Tamaño Letra
  • Font Size

Escrito por:

Germán Vives Franco

Germán Vives Franco

Columna: Opinión

e-mail: vivesg@yahoo.com

Con un poco más de cien días de posesionada, la gobernadora electa del Magdalena, Rosa Cotes, enfrenta un panorama sombrío a raíz de la grabación publicada por un noticiero de televisión. Esto podría convertirse en un tsunami que involucraría también al exgobernador Luis Miguel Cotes. La grabación trata sobre un supuesto negociado en un contrato de kits escolares y alimentación. Esto le genera problemas jurídicos y políticos a la Gobernadora.La presunción de inocencia cobija tanto a la Gobernadora como a su sobrino hasta ser vencidos en juicio. No obstante, el tema puede analizarse atendiendo a inferencias razonables.
Desde la perspectiva jurídica hay dos aspectos a dilucidar. El primero es si la grabación es genuina, y el segundo, si siendo legítima, es admisible como prueba. Con respecto al primero, el apoderado de la Gobernadora ha dicho que efectivamente es la voz de la Gobernadora... pero que es un montaje.

Si la Gobernadora está segura de que es un montaje, lo lógico hubiera sido pedir inmediatamente a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría que hicieran las investigaciones de rigor. La ciencia forense puede hacer una determinación rápida y establecer si la grabación fue editada o adulterada en forma alguna. Nombrar un apoderado sin primero acudir a las autoridades fue un acto torpe porque lleva a pensar que es una admisión tácita de culpabilidad. En medio de la polémica, una emisora local le abrió los micrófonos a un abogado, quien alega que la prueba no sería admisible por haber sido recolectada ilegalmente. La posición del ciudadano –aunque implícita- es que la grabación es auténtica pero que la prueba debe desestimarse. El tema no es tan simple como lo planteó el abogado-ciudadano. La defensa de la Gobernadora insiste en cuestionar la credibilidad y el carácter de quien hizo pública la grabación. El problema no es el mensajero sino la grabación misma. No hay que enfilarle las baterías al denunciante sino a la prueba, que es objetiva. Por otro lado, ya el apoderado admitió que es la voz de la Gobernadora; es decir, si no es un montaje es muy grave, pero incluso si lo es, sigue siendo grave porque el lenguaje de los apartes de la conversación, razonablemente, sugiere actos de corrupción. No es posible imaginar un escenario en la contratación pública donde este tipo de conversaciones sean apropiadas.

Tanto el exgobernador Cotes como la actual Gobernadora se han defendido señalando imprecisiones de fechas o que contratos de esa naturaleza no se ejecutaron. Estos son detalles menores. La pregunta no es si los contratos se ejecutaron sino si los contratos se celebraron. Además, es razonable inferir que los negociados se dieron también en otras áreas. Creo que es del interés tanto del exgobernador Cotes así como de la actual Gobernadora, pedirles a las autoridades que nombren rápidamente un equipo de peritos forenses para que investigue toda la contratación hecha durante la pasada administración. La caja de pandora que abrió el denunciante no la cierran ni mil Abelardos; solamente la cierra un dictamen pericial que concluya de forma inequívoca que durante la administración pasada no hubo desvíos de recursos y que los Cotes actuaron con apego a la ley. Se equivocan quienes sostienen que si la prueba es ilegal, no puede haber acción judicial. Simplemente hay que buscar otras pruebas. La causa probable no fenece por la ilegalidad de la grabación.

En lo político solo es relevante la veracidad de la grabación, y como si lo es, editada o no, la Gobernadora enfrenta una crisis de credibilidad que va al corazón mismo de su lema de campaña. Elegida por su supuesta preocupación por los pobres, por ser una especie de Evita Perón criolla, no puede ahora estar bajo sospechas por participar o planear negociados con los dineros de las arcas públicas; mucho menos en las áreas de educación y alimentación. La sola intención, de ser probaba, sería suficiente para desenmascarar la farsa y dejar al descubierto las motivaciones verdaderas de hacerse elegir. En aras de tutelar el sacrosanto bien jurídico de la honra y el buen nombre de los implicados, es imprescindible llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Más Noticias de esta sección

Publicidad