Los camioneros y el derecho a la protesta

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



La semana pasada, el país fue sacudido con la noticia del paro camionero. No era una protesta cualquiera: se trataba nada menos que del bloqueo de importantes vías en la capital y de muchas ciudades en toda la geografía nacional con la intención de paralizar el país después de fallidas negociaciones entre el gobierno y el gremio transportador de carga.

La manzana de la discordia es la tabla de fletes, que el gobierno pretende desmontar y que los transportadores aspiran a mantener.

El pulso entre gobierno y camioneros llevó al presidente Santos al anuncio de la disolución forzada de no existir la voluntad gremial de desbloquear las vías. Mientras tanto, con la mediación del vicepresidente Garzón, se había llegado a un preacuerdo entre el ministro Cardona y el presidente de la ACC.

La tabla de fletes, instrumento creado por Ernesto Samper como uno de muchos para permanecer en el poder, determina el costo del transporte de carga, pero genera costos elevados para las mercancías acarreadas en camiones con un costo agregado al precio final al consumidor, dado que gracias a la dichosa tabla no opera la ley de oferta y demanda en el sector. Distorsiones adicionales al precio de la tonelada por kilómetro las constituyen el desmonte de subsidios a los combustibles; la malla vial nacional - obsoleta, de mala calidad, de especificaciones menores y en mal estado en gran parte de su recorrido - que disminuye la vida media de los camiones; los costos de los peajes - que son elevados, en parte para pagar las coimas que en muchas ocasiones existieron para obtener la adjudicación de las obras-; el costo de los camiones y sus repuestos, importados siempre; la obsolescencia de buena parte del parque automotor transportador, que eleva el costo de la operación; y tantos otros factores que inciden en los costos finales del transporte de la mercancía.

El poder de los transportadores es enorme: que no quepa duda. No le ha sido posible a ningún gobierno construir la malla ferroviaria que tanto necesita Colombia para agilizar y abaratar los costos del transporte de mercancía. No hay campaña política en la que el gremio transportador no ponga su cuota en dinero y especie, amén de sus correspondientes delegados en los cuerpos colegiados desde donde ejercen las presiones que convienen a sus intereses.

Los políticos entienden que necesitan del gremio para obtener dinero; movilizar votantes, cemento y comida en las campañas; y conseguir votos a conveniencia en las deliberaciones colegiadas. En el esquema politiquero actual, el gremio transportador es parte fundamental para la permanencia de tan deplorables, innecesarios y costosos personajes.

Mientras tanto, las consecuencias del paro eran evidentes: escasez y carestía de alimentos y mercancía en general; pérdidas directas e indirectas para los productores y el comercio organizado; disminución de las ventas de combustibles, repuestos y demás insumos para el transporte; incluso, los mismos transportadores y sus empleados dejaron de percibir gruesas sumas de dinero. Con la capital bloqueada, las pérdidas fueron incalculables.

Dicen los africanos que en pelea de elefantes pierde el pasto, como en este caso. No hubo ganadores claros en este pulso pero a cambio, todos pierden; el gobierno logra levantar el paro pero tiene que concertar temas que no había previsto tratar, como el precio de combustible, valor de los peajes, la chatarrización, los comparendos de más de 3 años y muchos tantos que interesan a los transportadores; estos pierden porque el gobierno eliminará finalmente la tabla de fletes y habrá libertad de precios; el alcalde Samuel Moreno, por permitir semejantes desmanes sin tener en cuenta las advertencias del Ministerio del Transporte, que también fue inferior al reto; tal vez salen fortalecidos el vicepresidente Angelino Garzón, reforzando su imagen de conciliador, y el presidente Santos que logra su objetivo de sentar en la misma mesa a gobierno y transportadores para acordar posiciones.

Naturalmente, los ciudadanos colombianos y los gremios tienen todo el derecho a protestar y a exigir sus derechos; no se puede obligar a nadie a mantener negocios a pérdida. Pero nadie tiene el menor derecho a atropellar a la ciudadanía ni paralizar un país por cuenta de intereses minoritarios en detrimento de la mayoría.

Tus derechos van hasta donde comienzan los míos. Tampoco es entendible tanta torpeza de las autoridades capitalinas que fueron inútiles en este tema. En todo caso, esperamos sensatez de las partes en el tema del transporte de carga en beneficio del país.

Está de por medio la competitividad en el momento en los Estados Unidos de América, una vez más, nos dan la espalda con un TLC que sólo existe en el deseo de muchos dirigentes que no ven más allá de Miami, como si el resto del planeta fuera inexistente.

Apostilla. Mientras Taganga sucumbe en una crisis sin antecedentes, ¿qué está pasando en El Rodadero? ¿Tampoco se dan cuenta las autoridades de lo que allí sucede? ¿Cuándo empezarán a actuar?