Parecería un refrito a estas alturas un artículo sobre del fallo de jurisdicción y competencia del Tribunal de La Haya y la decisión del Gobierno Santos de no comparecer más a ese tribunal, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para pronunciarme sobre semejante suceso. Indudablemente a nadie le gusta perder. No obstante, en los asuntos de derecho, en los litigios, se gana y se pierde. Debemos estar preparados para ello y aceptar las decisiones de los tribunales. Así, quien pierde, sea en tribunales nacionales o internacionales, debería cumplir con el fallo, por injusto y alejado a derecho que le parezca. Dicen algunos tratadistas que el derecho internacional no es un verdadero derecho porque le falta el elemento coercitivo, es decir el poder hacer cumplir la sentencia a la fuerza. De hecho, si se pierde un pleito civil o comercial, quien gana puede hacer que se cumpla la sentencia a la fuerza, mediante el uso del legítimo poder del Estado amparado en una sentencia judicial en firme. Con las sentencias de La Haya, el país que gana no puede obligar al país que pierde a que cumpla la sentencia a la fuerza. No hay una un aparato internacional que haga cumplir la sentencia. Podría hacerlo por su propia mano a la fuerza, lo cual significaría guerra. Las consecuencias, por lo tanto, en caso de incumplimiento, si no hay guerra, son básicamente que el país que incumple la sentencia queda como el país que no cumple con sus compromisos internacionales, un país en el que otros países, inclusive personas naturales y morales, no pueden confiar. Y esto es la fórmula perfecta para la debacle en las relaciones internacionales y la inversión extranjera en el país. ¿Qué va a hacer Colombia si pierde demandas de inversión en tribunales internacionales bajo los TLC o Tratados de Inversión? Sí se incumplen los fallos de La Haya se podría incumplir con estas sentencias. ¿O por qué no desconocemos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tal vez debamos también desconocer los fallos de la Corte Penal Internacional, en caso de que se presenten después del proceso de paz. El precedente por lo tanto es funesto. No voy a entrar a debatir si el fallo de 2012, es o no es contrario a derecho, simplemente es un fallo que tarde o temprano hay que cumplir. No voy tampoco profundizar sobre si la sentencia de 2016 de jurisdicción y competencia es justa o injusta, ajustada a derecho o contraria a derecho. Pero de suyo los argumentos nuestros que pretendían que la corte no tuviera jurisdicción por cosa juzgada y por el retiro del Pacto de Bogotá, son absurdos y alejados a derecho. Lo que sí es evidente es que la decisión de no asistir será contraproducente, conforme a que el tribunal solamente oirá la posición de una de las partes, sin que sea contra argumentada por la otra parte. No asistir parece la pataleta de un niño chiquito que cuando va perdiendo el juego se retira del mismo. Colombia debería asistir al tribunal y usar todos los argumentos en derecho para hacerle ver al tribunal porque no es procedente la solicitud de Nicaragua, entendiendo además que, así no asistamos, el juego continúa y tendrá un desenlace. Al final, asistiendo o sin asistir, la sentencia será proferida y será de todas maneras de obligatorio cumplimiento para las partes, sea favorable o desfavorable para alguna de ellas. En resumen, las sentencias internacionales y los compromisos internacionales hay que cumplirlos. No cumplir con ellos es un precedente fatídico para las relaciones internacionales y la inversión extranjera y un mal ejemplo para los colombianos, quienes podrían decir también que no acatan las sentencias proferidas por el Estado, pues ellos también las podrían considerar injustas y alejadas a derecho.