En lugar de hacer más claras las cosas, la explosión de fervor nacionalista de la semana pasada nos ha dejado escuchar algo así como un coro en el cual cada quien canta conforme a una partitura diferente.
Pocos parecen haber leído cuidadosamente el tratado Bárcenas Meneses, para constatar que allí no se acordó límite alguno, sino que en uno de los documentos posteriores se mencionó el Meridiano 82 como punto máximo de extensión del Archipiélago de San Andrés hacia el occidente. Nadie parece recordar que para la época, 1928, el derecho internacional no había establecido definiciones que hoy se invocan como si siempre hubieran existido.
Nadie quiso atender los llamados a que nos retiráramos a tiempo del “Pacto de Bogotá” porque aparentemente daba vergüenza que nuestro país se saliera de un acuerdo que lleva el nombre de nuestra capital.
Tampoco parecen ser muchos quienes recuerdan la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2007, la cual reconoció nuestra soberanía sobre San Andrés y Providencia, contra la pretensión de Nicaragua, algo a lo que aquí le han restado importancia con tal de hacer énfasis en las cuentas de nuestras desgracias.
Y mucho menos tienen memoria de que en esa misma sentencia la Corte anunció que entraría a señalar la frontera marítima entres los dos países, precisamente porque dicho límite para ella no existía; decisión que Colombia aceptó y sobre la cual guardó silencio para dedicarse a la defensa en el proceso subsiguiente.
En fin, muy pocos parecen haberse tomado el trabajo de leer con cuidado los incidentes del proceso y de la sentencia de noviembre de 2012, y en lugar de hacer tranquilamente las cuentas de lo que se obtuvo, que fue bastante, y de lo que no reconoció la Corte, sacaron conclusiones sobre una derrota descomunal, de manera que se produjo un clima de desgracia y se hizo mítica una cifra de kilómetros perdidos, contados desde la línea que la Corte había dicho cinco años atrás que no existía.
La conducción del asunto desde 2012 ha estado llena de sorpresas y posiblemente de desatinos. Se dijo que la Corte Internacional de Justicia era el enemigo y además se le hizo visita publicitada al Secretario General de las Naciones Unidas para hablar del fallo; ambas cosas inéditas. Se dijo que el fallo era de imposible cumplimiento por razones internas y tal vez para reforzar el argumento se recurrió a tribunales nacionales que condujeron a la conclusión de la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia por motivos de orden doméstico; algo que en términos de derecho internacional no solamente es inútil sino que puede ser visto como temerario.
Se descalificó a la Corte como si fuera un tribunal de esos cuyos miembros tienen cercanía indebida con los abogados y cuyas decisiones no solo son predecibles sino que están viciadas de todo tipo de malas intenciones. Pocos tuvieron en valor de reconocer que, a pesar de la decisión de señalar un límite que no fue el que esperábamos, la Corte le negó a Nicaragua el dominio sobre la totalidad de las islas y cayos del archipiélago y se lo adjudicó formalmente a Colombia, con su correspondiente mar territorial, además de negarle también a los nicaragüenses la pretensión de contar con una plataforma continental extendida.
Después del retiro, por fin, del Pacto de Bogotá fue necesario afrontar los dos nuevos procesos entablados por Nicaragua, uno de ellos por el anunciado incumplimiento de la Sentencia de 2012; el otro en busca del reconocimiento de una plataforma continental ampliada, que no le fue reconocida en esa misma sentencia.
A pesar de los riesgos que bajo las circunstancias de un nacionalismo desaforado puedan correr las muestras de un patriotismo reflexivo, no cabe duda de que se les presta un mejor servicio al Presidente de la República, y al país, si se advierten las posibles consecuencias que puedan tener hacia el futuro las decisiones que se acaban de tomar.
De ahí que cada quien debería no solo sumarse al deseo de que Colombia no pierda ni un ápice de sus derechos, sino comentar desapasionadamente aquello que crea más conveniente para el supremo interés nacional. Razón por la cual vale la pena de pronto hacer unas pocas reflexiones y formular algunos interrogantes.
En primer lugar, sería bueno que fuéramos pensando cuál va a ser la respuesta cuando, en adelante, se nos cuestione por no ser ya, como lo fuimos a lo largo de nuestra historia, un país que se podía ufanar, bien que mal, de ser respetuoso del derecho internacional.
En segundo lugar, deberíamos preguntarnos por las consecuencias que el ejemplo de no reconocimiento de un tribunal pueda traer en el ámbito interno del país, cuando estamos empeñados en la lucha por construir un sistema judicial sólido, respetado, imparcial y confiable para todos.
En tercer lugar, y en cuanto nos han dicho que en vez de seguir actuando en los procesos y de acatar los fallos de la Corte lo que hay que hacer es negociar con Nicaragua, vale la pena preguntarnos si ese país, bajo las circunstancias actuales, desde la posición fuerte que tiene a raíz de las sentencias del 17 de marzo, ambas en su favor, con los “títulos” de 2012 en la mano y pendiente, ella sí, de unos procesos que le pueden ser favorables con motivo del retiro de Colombia, tendrá interés en negociar.
Por: Eduardo Barajas Sandoval
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