Ahora que el Gobierno está “ad portas” de la penumbra, por todo lo que se le viene, firma de acuerdos de paz con entrega del país a las Farc, críticas razonables de la oposición democrática a la deficitaria gestión de Gobierno, déficit fiscal, reforma tributaria, baja popularidad, etc., se viene literalmente la penumbra del apagón. La pregunta básica es sí esta situación a la que hemos llegado se debe a una mala política pública o a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.
Claramente un fenómeno del niño como el que hemos vivido, aun cuando duro, más duro de lo normal, es predecible y deben por ello tomarse las medidas para que, cuando se presente, se pueda contar con el recurso eléctrico. El hecho de que algunas hidroeléctricas o termoeléctricas, como Termoflores, Guatapé, San Carlos y Guadalupe hayan salido de operación, también es fuerza mayor, pero previsible en el sentido de que ello puede pasar, hecho que también debe y puede ser gestionado con la política pública adecuada. Para entender un poco en qué consiste la disponibilidad de energía, el Estado debe contar con más o menos una capacidad instalada que cubra en un 20/30% adicional el consumo de energía. Es decir que debe haber un 70/80% de capacidad usada y un 20/30% de capacidad ociosa. La realidad es que solamente existe un 10% de capacidad ociosa. Esta capacidad total instalada se divide en un 75% hidráulica y un 25% termoeléctrica. Cuando la condición de los embalses es adecuada, las hidroeléctricas cubren la mayoría del consumo. Y se cuenta con las termoeléctricas para suplir en momentos de crisis. Ahora bien, como es más costoso producir energía en termoeléctricas con gas, petróleo o carbón, pero se requieren en crisis, se ideó una política de Estado para fomentar la construcción de termoeléctricas, haciendo subastas y dejando que los empresarios ganaran un dinero razonable por la instalación de la planta y por el suministro de energía más costosa. Por ello se establecieron los cargos mínimos y los de confiabilidad. Ellos remuneran la instalación de la planta termoeléctrica y el suministro de energía en la época de necesidad. El Estado, sin embargo, no supervisó que estos dineros de confiabilidad estuvieran en reservas en las empresas termoeléctricas para que asumieran el suministro a precios regulados en épocas de crisis. Es ese el problema. Se tienen las plantas, parte de la capacidad para suplir el consumo, pero ellas no están operando a capacidad completa porque no quieren asumir el costo incremental, cuando precisamente ya se les pagó por ello. Expertos en la industria señalan que los pagos de confiabilidad rodean la astronómica cifra de ocho billones de dólares, lo cual es el doble del problema de Reficar. Alegan las empresas térmicas que perderían dinero y que por ello no pueden suministrar la energía. Igualmente, el Estado, teniendo a mares el recurso más barato y disponible, el carbón, premió la construcción de termoeléctricas a gas y petróleo, lo cual es más escaso y más costoso. Estas tres maravillas de errores de política pública, no vigilar los pagos y recaudos de confiabilidad y exigir la aplicación, no tener capacidad ociosa y térmica suficiente y no desarrollar termoeléctricas a carbón, son los errores de política pública que se les deben atribuir a la CREG y, por supuesto, al Gobierno Nacional. Por eso suena cantinflesco que ahora nos pongan a pagar adicional por consumos en excesos de un mes a otro, cuando ya hemos pagado por ello y además el recaudo es para pagarle valores adicionales a los dueños de las termoeléctricas que se quieren salir de lo pactado y exigen que se les reconozcan un mayor precio. Todo un sin sentido. ¿Fuerza mayor? Definitivamente no.