Esta semana se le venció el plazo a los gobernadores para presentar ante los consejos de gobierno y los consejos territoriales de planeación, el proyecto del Plan de Desarrollo que permitirá orientar de manera eficaz las políticas de desarrollo económico, social y ambiental en sus departamentos y garantizar el uso eficiente de los recursos.
Si los gobernadores le pegaran una repasadita a la Ley 152 de 1994, sabrían sacar mejor provecho a sus programas de inversión para mejorar el bienestar de sus habitantes y acceder a mayores recursos de inversión. El Artículo 38 de dicha norma permite compartir la responsabilidad de los proyectos con la nación a través del subsistema de cofinanciación constituido por el Conpes, los ministerios y un conjunto de entidades -denominadas fondos- que manejan recursos no reembolsables del presupuesto nacional o de las regalías, destinados a la financiación parcial de proyectos en áreas en las cuales la nación tiene algún interés especial.
El mecanismo de la cofinanciación ha sido y será la mejor herramienta para desarrollar de manera eficiente y solidaria las inversiones para el desarrollo económico, social y ambiental de los departamentos. Al exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus (con la famosa perinola) le dio muy buenos resultados. O que decir de las grandes inversiones en infraestructura vial que se hicieron con este mecanismo en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca en la década de los 90.
En el desarrollo de la política agropecuaria regional, la cofinanciación jugaría un papel muy importante si se aplica de manera complementaria en los instrumentos de ayuda que dispone el Ministerio de Agricultura, la nueva Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Corpoica y la Agencia de Tierras.
Me explico: Si el Ministerio de Agricultura cuenta con un Fondo Agropecuario de Garantías –FAG- para respaldar hasta en 80% los créditos de los productores del campo, los departamentos deberían crear un FAG complementario para aumentar el acceso al crédito de sus campesinos. Si existe un Incentivo a la Capitalización Rural –ICR- que otorga Finagro a quienes inviertan en sistemas de riego, mecanización de cultivos y bodegas de almacenamiento, los departamentos deberían crear un ICR complementario para estimular más inversiones y tener mayor competitividad en el campo. De la misma manera se podrían crear los incentivos departamentales complementarios para el seguro agrario, asistencia técnica y formalización de los títulos de los predios de los campesinos.
Otras fuentes de cofinanciación no menos importantes son las de Fonade, Colciencias, Sena, Fomypime y las de los organismos de cooperación internacional como Usaid, Unión Europea, FAO, Banco Mundial y el BID entre otras. Si las utilizan, no requerirían utilizar el 50% de los recursos propios. Por ahí es la cosa. En el tintero: La política de comercio, industria y turismo del país sigue de mal en peor. En el último año se cayeron las exportaciones agrícolas en un 30%, sigue la estampida de compañías multinacionales, invade el país de alimento importado a 0% arancel y ahora nos obligan a pagar con nuestros impuestos los paquetes turísticos de los extranjeros. Cada día nos parecemos más a Venezuela.
