Con apenas un ligero cambio de ángulo, el escándalo del ex General Palomino contiene similares elementos al que afrontó el ex Defensor del Pueblo Otálora. Pero decía la prensa que Palomino se mantenía porque tenía el apoyo del Presidente Santos. Bluradio manifestó a las 18.41 del 28 de enero que Santos lo defendía "porque necesitaba que el General Palomino le apoyara la reestructuración de la entidad, algo que ningún otro funcionario haría…".
Y entonces uno se pregunta: ¿De qué manera el Presidente Santos "protegía" a Palomino? ¿Coaccionando a la justicia para qué no lo investigase? De ser así: ¿No sería esto un delito de parte del Presidente? ¿No sería al menos escandaloso? Y entonces: ¿Por qué los periodistas lo narraban con la misma candidez con que informan el estado del tiempo? ¿No debió ser el enfoque adecuado de la noticia decir: "Presidente Santos encubre posible delito por parte de un funcionario público"? o sea, ¿manejan doble moral los periodistas de Colombia?
También se dice en la revista Semana (confidenciales 2015-06-03) que el partido Cambio Radical "recibió" como cuota burocrática el Superministerio y el Ministerio de Vivienda y Transporte y otro medio periodístico afirma que el partido liberal es "dueño" del DNP y del Ministerio del Interior. Y entonces uno se pregunta: ¿O sea que el voto de los ciudadanos, que es el que realmente eligió al Presidente, es pagado por este "entregando" entidades estatales a las familias dueñas de los partidos políticos (o sea los Vargas Lleras, Turbay, los Gaviria, los Galán)? ¿No es esto un delito? Si es así, ¿por qué los periodistas lo narran con menos indignación con la que cuentan el resultado de un partido de futbol? ¿No debería ser el enfoque adecuado de la noticia decir: "Presidente delinque al entregar entidades del gobierno a particulares para su beneficio económico y político"? O sea, para que se las roben.
El 17 de agosto de 2014 El Heraldo describía la elección del último Contralor de la siguiente manera: "(…) la Contraloría General, uno de los grandes fortines estatales, no solo por su voluminosa nómina, sino por su enorme poder político y de contratación. Quedarse con la Contraloría General es apropiarse de una de las joyas de la corona y por eso Santos, (Samper) Ordóñez y hasta el mismo Gaviria -que quiere empezar a empoderar a su hijo Simón con miras a las presidenciales de 2018- no han escatimado en gastos y en recursos. (…)".
Y entonces uno se pregunta: ¿O sea que en Colombia las entidades que deben hacer el control a los políticos se las reparten entre los mismos políticos? ¿O sea que el mismo presidente participa de esa "repartición"? ¿Eso no es un delito? O sea que: ¿En los cargos de esas entidades los cargos se escogen por méritos o los escogen a dedo Gaviria (el del apagón) y Samper (el del ocho mil)? ¿Sera por ello que la justicia y el control no funcionan bien en Colombia?
Y aún nos queda un preocupante interrogante ¿Reúne Simón Gaviria los suficientes méritos, tanto como para que su papá quiera hacerlo el Presidente de nosotros los colombianos?
Por Edward Torres Ruidiaz.
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