La tragedia que sufre la etnia Wayuu tiene que ser enfrentada por el Estado y sus autoridades sin desestimar recurso alguno. Hagamos conciencia de que esa tragedia no puede ser escondida más y debe ser tratada con alternativas que den solución estructural para que no se repita. No es suficiente cumplir las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir más allá.
Las medidas cautelares deben acatarse con urgencia. No hay escapatoria. Sin embargo, son medidas cautelares que se han dictado dentro de un escenario internacional que no termina con su cumplimiento. Este proceso apenas se inicia en su primera fase, la prejudicial, por lo que obliga al Estado, en forma imperativa, a revisar toda la institucionalidad estatal y las políticas gubernamentales que han generado esta trágica situación para nuestros hermanos wayuu.
No puede desconocerse que sin seguridad alimentaria, el hombre no alcanza la dimensión de ser libre y digno. De este tamaño es el problema wayuu. Ellos son una cultura desprotegida en la que su existencia está amenazada y no por causa naturales sino por instituciones y políticas estatales y gubernamentales. Esto tiene que ser admitido.
Una cultura amenazada en su existencia es lo que muestra por encima el drama de la comunidad Wayuu. Bien lo afirma Juan Pabón Arrieta: "(…) la hambruna y las condiciones de miseria mantienen en condiciones de animalidad a gran número de hermanos de la especie humana, y de lo que trata la seguridad alimentaria, es evitar que el hombre quede reducido a un estatus de animal laborans y pueda ser ante todo, un ser humano libre y digno", por tanto, la seguridad alimentaria es fundamento de la dignidad.
Lo fundamental es que la cultura wayuu no desaparezca y que sus usos, tradiciones, leyendas, cosmovisiones, legalidad siga enriqueciendo la diversidad de nuestro patrimonio. El Estado debe garantizar esta diversidad cultural, lo que invita a que se reflexione sobre cómo debe ser tratado el problema de La Guajira. Ante todo, debe ser abordado con la inclusión de las autoridades de esta cultura y en consenso con ellos.
Es un hecho notorio que la corrupción del Estado y sus autoridades han agravado la situación de la etnia, pero no deja de ser notorio también que en la corrupción no intervienen las autoridades wayuu, por el contrario, esta comunidad es víctima de las instituciones, de las políticas del Estado y de sus gobiernos.
La ausencia de seguridad alimentaria para esta cultura es la punta del iceberg que no deja ver la esencia del problema que es la exclusión centenaria que han sufrido.
Los corruptos tienen que ser castigados en forma ejemplar. Del necesario castigo no pueden existir dudas, sin embargo, no es suficiente castigar a los corruptos. Se requiere que con la cultura wayuu se delibere y construyan los escenarios que brinden soluciones definitivas al problema que pasa por el reconocimiento y el respeto a nuestros hermanos. Esta es la real dimensión de la problemática wayuu. Están excluidos y no participan en forma activa en la vida civil nacional y no se les respeta.
Respetar a la comunidad wayuu exige la revisión de todo el orden estatal y jurídico, a fin de que esta cultura sea reconocida en su autogobierno y que la solidaridad necesaria que tiene que prestar un Estado Social y Democrático de Derecho no olvide que lo esencial es la libertad y la dignidad. Este es un imperativo ético.