Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
De un lado, los amarillos, los mismos de toda la vida, entre quienes los hay buenos y malos: los que cobran lo justo, son amables, no niegan el servicio, no exceden la velocidad, y mantienen su vehículo en buen estado por dentro y por fuera. Y también, los taxistas que no hacen nada de eso.
En la otra parte están los Uber, que en una ciudad hace rato colapsada por el tráfico como Bogotá, son, para quienes pueden pagarlos, una verdadera salvación. Carros nuevos, limpios y cómodos, conducidos por personas más bien cordiales (tal vez en virtud de que los están evaluando permanentemente, no hay que negarlo), y sobre todo, rápidos y seguros. En la tercera esquina está la gente, que también se subdivide, como decía, entre los que pueden pagar un servicio u otro (además de los que no pueden pagar ni un servicio ni otro, y les toca en bus -cualquiera que sea-, en bicicleta, o ya de una vez a pie). En nada como en el transporte se representa tan bien la estratificación social.
Cierra este cuadrilátero, sin pena ni gloria, el gobierno nacional. Como ya se ha dicho desde noviembre pasado, el ejecutivo prefirió pasar de reverendo agache en el tema regulatorio a este respecto (con esa manía politiquera de no querer tomar el toro por los cuernos y buscar quedar bien con todo el mundo, a todas horas, en todo), y así, el decreto que presentó creó más vacíos que certezas. Con ello, por lo demás, el gobierno le defirió el problema al perezoso, negligente, mañoso, y casi siempre incompetente Congreso de la República.
Prueba de esta ausencia de Estado es lo que pasó la semana anterior, cuando un grupo de energúmenos taxistas secuestró (esa es la palabra jurídicamente correcta) a unas jóvenes, entre las que se encontraba la hija del que fuera vicepresidente de la República, Francisco Santos. Yo, que estoy lejos, muy lejos, de darle la razón en nada a ese señor, tengo que reconocer que aquí entiendo su enojo y que comparto su indignación: esto no puede pasar. Y si pasa, tiene que ser sancionado como el delito que es.
La inseguridad jurídica en Colombia no es nada nuevo. Por ejemplo, para incentivar la inversión nacional y extranjera, hace unos años se legisló -y ya esa ley se derogó- acerca de unos contratos de estabilidad jurídica (que también hubo en Perú y otros lares poco "estables"), dada la incertidumbre que los creativos que hacen las leyes, y los que las desarrollan, generan entre la gente de negocios.
Esa misma zozobra es la que produce en el ciudadano el no saber si algo es legal o no. De manera que el decreto que no fue aborda un asunto: el de los taxis de lujo, pero no estableció bien qué son los Uber actuales, y si, por tanto, su actividad debe ser protegida; o si, como dicen los terroristas vestidos de taxistas, se trata de piratas que, según su entender, merecerían ser quemados en la hoguera. Este silencio gubernamental es potencial cómplice de crímenes que ojalá no pasen.
Ahora bien, lo que también queda claro de este episodio (uno entre muchos que no tienen publicidad, por no estar la hija de un exvicepresidente inmersa) es que al parecer la policía anda más perdida que el ciudadano promedio en Colombia. Pues apartando el que la plataforma sea legal, ilegal, supra o infra legal, el deber estatal de proteger a conductores y pasajeros -y a todo el mundo-, cuando los atacan, no ha sido suspendido hasta que salga la respectiva ley que lo aclare todo. A mí me parece que lo más grave de ese secuestro e intimidación del que fueron víctimas los que iban en el Uber es la actitud como nihilista de la policía. Aquí, en serio, cada quien hace lo que quiere. Y nada pasa.